BILBAO. Esta institución académica valora así, en un comunicado, la sentencia difundida hoy que absuelve a los profesores Xabier Aierdi y Enrique Antolín de la citada acusación por incluir a los etarras deportados Belén González Peñalba y Ángel Lete Etxaniz en el protocolo para alumnos que no pueden acudir a examinarse de forma presencial.
Para la UPV/EHU, el fallo judicial absolutorio supone un "paso trascendental" en una larga polémica que pretendía "señalar un comportamiento irregular" de la universidad pública vasca en su labor docente.
En la nota, se recuerda que las acusaciones -Fiscalía, Asociación de Víctimas del Terrorismo y Voces contra el Terrorismo- determinaron la apertura de diligencias por este asunto en 2005 y se imputó, en un principio, a 36 personas de la UPV/EHU entre cargos académicos, personal docente y de administración y servicios.
También se revisaron más de 500 expedientes académicos y se generó un expediente judicial de más de 5.000 folios.
La universidad pública vasca destaca que no se detectó irregularidad alguna en ningún expediente, ni en el procedimiento de matrícula ni de evaluación, y que todas las acusaciones fueron sobreseídas, salvó en el caso de los dos profesores ahora absueltos.
Esta circunstancia se dio pese a que estos dos docentes, según resalta la UPV/EHU, no habían tenido responsabilidad alguna en los procesos de matrícula y evaluación de los dos alumnos deportados.
Los dos profesores, en cambio, "cumplieron con las obligaciones de sus cargos -según la institución académica- y colaboraron dentro del marco institucional a garantizar la prestación del servicio público de educación superior a la que tienen derecho los estudiantes".
También se recuerda que más de mil profesores suscribieron una declaración en la que se afirmaba que los profesores imputados se encontraban en una situación "en la que cualquier otro miembro del profesorado de la UPV/EHU podría haberse encontrado en el cumplimiento de sus obligaciones".
