gasteiz. La sentencia emitida el pasado jueves por el Tribunal europeo de Justicia contra la Ley estatal sobre desahucios ha sido una de las pocas buenas noticias conocidas sobre esta materia a lo largo de los últimos meses. La institución comunitaria, en concreto, dictaminó que la normativa española no garantiza a sus ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas, dado que impide a los jueces competentes adoptar medidas cautelares como la suspensión de un desahucio en caso de que despierte suspicacias, y logró así abrir una puerta para la esperanza a los miles de afectados por uno de estos procesos. La sentencia fue vinculante desde el mismo momento de su publicación. A partir de ahora, los jueces sí podrán paralizar un desahucio si consideran que un contrato hipotecario relega al consumidor a una situación de indefensión frente a las entidades financieras, cuando hasta ahora se encontraban atados de pies y manos debido a la estricta legislación.
En este nuevo contexto, las plataformas antidesahucios han movido ficha para tratar de aprovechar esta nueva vía. Este pasado sábado, colectivos llegados desde todas las partes del Estado se reunieron en Madrid para analizar la sentencia y un comité jurídico integrado por sus abogados comenzó a elaborar distintos modelos de recurso para facilitar a los afectados cuando lleguen a instancias judiciales. La representación vasca estuvo encabezada por miembros de las plataformas contrarias a las ejecuciones hipotecarias de Bizkaia y Gipuzkoa, aunque los representantes de Kaleratzeak Stop Araba se han mantenido en contacto permanente con éstos para valorar los nuevos pasos a seguir. "Ahora, estamos pendientes de que nos envíen los distintos modelos de recurso para cada caso", explica uno de los integrantes del colectivo alavés antidesahucios, Aimar Sáenz de Buruaga.
El objetivo de las plataformas es ambicioso, porque pretenden que la sentencia del Tribunal de la UE tenga también efectos retroactivos. En el mejor de los casos, podrían declararse nulos todos los desahucios ejecutados desde 1993, que es el año en que fue aprobada la directiva europea, siempre que se hayan sustentado en cláusulas abusivas.
La sentencia de la institución comunitaria está motivada por el caso de un ciudadano de nacionalidad marroquí que interpuso una demanda contra Catalunya Caixa tras ser expulsado de su vivienda en Martorell (Barcelona). El Tribunal dio por probado que el contrato hipotecario firmado en su día por esta persona contenía cláusulas abusivas y razonó que, como los jueces españoles no pueden suspender los desahucios, si finalmente deciden declarar nulo uno de estos procesos esta decisión sólo dará protección al consumidor a posteriori, bajo la forma de una indemnización. "Dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de estas cláusulas abusivas", advierte la sentencia. Principalmente, además, porque "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda".
"no es la panacea" Sáenz de Buruaga, que considera la resolución del Tribunal con sede en Luxemburgo como "un paso positivo", prefiere no lanzar las campanas al vuelo. "No es la panacea, porque no llega a la raíz del problema", advierte, en alusión a las distintas reivindicaciones que han movido a Kaleratzeak Stop Araba en los últimos meses. "Aunque el juez puede paralizar un desahucio basándose en determinados criterios, eso no quiere decir que haya dación en pago o alquiler social para los afectados", recuerda.
En este sentido, la plataforma con sede en Gasteiz seguirá defendiendo punto por punto la Iniciativa Legislativa Popular que recientemente llegó al Congreso de los Diputados, la paralización definitiva de los desahucios, la dación en pago con efectos retroactivos y el alquiler social en la propia vivienda para las familias durante cinco años. Sáenz de Buruaga, no obstante, cree la ILP quedará "maquillada" si finalmente se tramita. Hasta el momento, los desahucios paralizados en el territorio han llegado, principalmente, gracias a la presión popular.