Vitoria. El problema que los vecinos de la Verguilla de Campezo tienen con la depuración de las aguas residuales de sus viviendas parece que comienza a encauzarse. Los afectados salieron ayer esperanzados de la reunión mantenida con los representantes del Ayuntamiento y la Junta Administrativa. Y es que ambas instituciones se han mostrado abiertas a asumir la puesta en marcha de una instalación que dejó de funcionar en junio del pasado año cuando la constructora encargada de su mantenimiento, la empresa Valpo, comenzó a tener problemas económicos. Desde entonces, cada tres meses, la tubería por la que salen las aguas sucias de los 24 chalés de la urbanización se atasca y devuelve las heces y la porquería a las casas.

No obstante, los afectados siguen adelante con la vía judicial porque, pese a la buena predisposición del Ayuntamiento y del concejo, no quieren que lo hablado "se queda sólo en buenas palabras", precisó ayer Maite, a quien este mismo mes la falta de un sistema de depuración ha dejado cuatro días sin poder abrir el grifo de su casa. En noviembre, ya le ocurrió a otros dos vecinos. No obstante, en caso de que se encuentre una pronta salida a este problema, ya de insalubridad, paralizarían su denuncia.

Y ¿qué ha cambiado en 24 horas para que los afectados vean un atisbo de solución a un problema que viene de largo? En primer lugar, el hecho de que la Diputación va a redactar un estudio económico para valorar cuánto cuesta poner en marcha de nuevo la depuradora y mantenerla en funcionamiento. En segundo lugar, la disposición del Ayuntamiento de Campezo a asumir la titularidad de un sistema hasta ahora en manos de la promotora, para después, quizá, cederla a la Junta, administración competente en Álava en materia de aguas residuales. Si es así, los propietarios también tendrán que asumir el coste del mantenimiento abonando una tasa, al igual que el resto de vecinos del municipio. En este caso, la cuantía del recibo cambia porque su instalación está fuera del casco urbano, sin conectar a la red general del pueblo. "Si lo tenemos que pagar, lo haremos", indicó ayer Maite a la salida de la reunión. Un encuentro al que, además de cuatro de los propietarios de los adosados, asistieron el alcalde y cuatro concejales -dos del PP, uno del PNV y otro de Bildu-, la presidenta de la Junta Administrativa, Juana Mari Musitu y un vocal.