vitoria. La detención por un presunto robo de Miguel Montes Neiro, que fue hasta su indulto por el Gobierno el preso común más antiguo de España, ha destapado de nuevo la caja de los truenos de los indultos. Sorprendentemente, el País Vasco es la tercera comunidad del Estado donde los gobiernos de turno han concedido más indultos, una posición en el ranking solo explicable por el elevado número de insumisos. En la CAV se contabilizan desde 1996 un total de 1.307 indultados, tal y como da a conocer la web del Indultómetro, que permite por primera vez acceder a información individual y detallada de los 10.158 indultos publicados en el BOE. El País Vasco se sitúa solo por detrás de Madrid, la comunidad donde más penas han sido condonadas, dada la gran concentración existente de juzgados y tribunales, y Andalucía, con un volumen de población cuatro veces mayor.

En la CAV, la mayoría de las personas, en concreto 1.032, cuyas penas se conmutaron, se habían negado a prestar el servicio militar. No hay que olvidar que miles de jóvenes vascos decidieron oponerse al servicio militar obligatorio asumiendo las consecuencias legales que se concretaban en penas de cárcel e inhabilitación para ejercer la función pública. Según la organización antimilitarista Kakitzat, 1.670 insumisos terminaron en la cárcel a lo largo de los doce años que duró esta lucha que se convirtió en uno de los mayores movimientos de desobediencia civil de la historia de España. De hecho, en 1998, el número de objetores superaba por primera vez al de soldados de reemplazo.

Después del delito de rehúse a prestar el servicio militar, son los condenados por delitos por tráfico de estupefacientes los que, de largo, más se han beneficiado de esta amnistía. Pero también se han acogido condenados por quebrantar su pena o personas que habían causado lesiones con malformaciones y que fueron condenados a cuatro años de cárcel.

El Indultómetro recoge muchas pequeñas historias anónimas protagonizadas por autores de malversación de fondos, delitos de falsedad en documento mercantil, robos con violencia o delitos contra los derechos de los trabajadores.

A pesar de que la ley ampara el secretismo en la concesión, el escándalo de los indultos conmocionó a la opinión pública cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón perdonó al kamikaze Ramón Jorge Ríos el pasado diciembre. Otro ejemplo reciente es el de Emilia Soria, una joven madre valenciana que acaba de ser indultada tras ser condenada por comprar pañales y comida para sus hijos por valor de 193 euros, con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle. Además, el Tribunal Supremo ha anulado parte del indulto al consejero del Santander, Alfredo Sáenz. La Sala entiende que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se extralimitó cuando canceló los antecedentes penales del banquero a través del indulto que le concedió en noviembre de 2011.

El capítulo de peticiones de gracia es también variopinto. En este sentido, Salhaketa divulgó la solicitud de indulto presentada por el antiguo subdirector de seguridad de la ahora clausurada prisión de Nanclares de la Oca, condenado a dos años de prisión y doce años de inhabilitación por sendas propuestas sexuales y abuso de poder a dos reclusas. El funcionario, ahora inhabilitado, había solicitado el perdón para poder reincorporarse a su puesto.

maniobras jurídicas A través del Indultómetro podemos pasearnos por 17 años de maniobras jurídicas al margen de la transparencia informativa. Un viaje donde nos encontraremos con nombres conocidos como el de Rafael Vera y José Barrionuevo o el del juez Javier Gómez de Liaño; y otros recientes, como el de los militares José Ramírez y Miguel Sáez, que falsearon las pruebas forenses del accidente del Yak-42.

En opinión de algunos juristas, el indulto es una válvula de escape del sistema penal pero es una figura anacrónica que conviene revisar. "No entendemos por qué se conceden tantos indultos al año. Es un volumen demasiado alto, por lo que no se puede calificar como medida excepcional", afirma Juan Elosua, creador del Indultómetro junto a David Cabo, director de Civio.

En el mismo sentido se pronuncia Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. "El indulto se concede para atemperar el rigor de algunas condenas, pero debería estar mejor regulado. Debería atender al principio de equidad, proporcionalidad e interés público", asegura.

El Ejecutivo no tiene por qué dar explicaciones acerca del indulto. Los tribunales e Instituciones Penitenciarias elaboran un informe acerca del reo que entregan al Ministerio de Justicia, pero no es vinculante. "No somos juristas. Si existe el indulto, tendrá su sentido, pero que no esté justificado es algo que se debe cambiar", reclama David Cabo.