BILBAO. Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron ayer instar al Gobierno Rajoy a establecer una "moratoria hipotecaria" para evitar el desahucio de las personas que, por estar en paro o ver reducidos sus ingresos, no puedan pagar sus préstamos. La iniciativa, presentada por el PNV, salió adelante con el voto a favor de este partido, la abstención de PSE y PP y el rechazo de Bildu. El texto incluyó tres enmiendas presentadas por los socialistas, si bien el PNV rechazó su propuesta de introducir la creación de un fondo de ayudas de emergencia para las personas desahuciadas.

El pleno celebrado ayer en Gernika, al que acudieron representantes de Stop Desahucios Bizkaia, recogía en su orden del día cuatro propuestas distintas presentadas por PNV, Bildu, PSE-EE y PP para apoyar a este colectivo, de las que finalmente solo fue aprobada la del PNV. Josu Arteta, juntero del PNV, solicitó que los grupos suspendieran el debate de las cuatro propuestas y se reunieran "cuantas veces sea necesario" para que en el plazo de un mes pudieran consensuar una iniciativa conjunta ante esta cuestión, si bien su propuesta no fue aceptada. La proposición del PNV que fue aprobada insta a los bancos, entre otras medidas, a eliminar las cláusulas abusivas en las hipotecas e impulsar iniciativas que eviten los desalojos. Además, reclama al Gobierno Rajoy que presente ante las Cortes las propuestas de modificación normativa necesarias para "poner fin a la situación de indefensión y desprotección de las personas afectadas por los desahucios". También aboga por crear, en colaboración con otras entidades, un parque de viviendas para alojar a personas desahuciadas, así como favorecer que las ejecuciones hipotecarias puedan ser conocidas con antelación por las instituciones.

Crítica de calparsoro Por otra parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, afirmó ayer que la frase del presidente de Kutxabank, Mario Fernández, quien dijo que la nueva ley hipotecaria no puede convertirse en "una invitación a no pagar", "sonó mal, a falta de sensibilidad" con las personas en riesgo de desahucio. Para el fiscal, "la frase no es la más sensible a la situación de los ciudadanos". Para Calparsoro, lo que quiso decir Fernández "es que los que tenemos deudas hipotecarias, entre los que me incluyo, que las paguen, pero sonó mal, a falta de sensibilidad con las personas en situación de más riesgo".

Mientras, un hombre de 37 años se encadenó ayer a una columna del interior de una entidad bancaria de Alicante para reclamar la condonación de su deuda hipotecaria, que asciende a 110.000 euros, y cuyo impago se ha traducido en una orden de desahucio.