Es cuestión de sentimientos y de pragmatismo. Cualquiera de las dos cuestiones parecería, a ojos de un profano, suficiente como para que Trebiño diese el salto administrativo que le impide integrarse de manera oficial en Álava. La cuestión es que en el fondo, el enclave forma parte de ella. Muchos de sus habitantes así lo entienden y viven con los ojos puestos en Vitoria, donde acuden a hacer compras, a rendir visita al especialista médico o a matricular a sus hijos para poder beneficiarse de las virtudes de un sistema educativo inexistente en Burgos. Pese a que los DNI dicen una cosa, la realidad marca otra bien diferente. De ahí que periódicamente se active el ruido mediático que se incorpora al dilema de los trebiñeses cuando estos deciden apoyar la puesta en marcha de procesos administrativos para legitimar una hipotética incorporación al territorio alavés. Y, ahora, hay ruido, y mucho. Los dos municipios ya han hecho sus deberes y han decidido trasladar sus deseos a todo aquél que les quiere escuchar. Lo curioso de la situación es que el entramado institucional del Estado está dispuesto de tal manera que la comunidad autónoma de Castilla y León tiene la última palabra a la hora de acceder a los deseos de Condado de Trebiño y La Puebla de Arganzón. En cualquier caso, el proceso que debería acabar con los dos municipios como octava cuadrilla de Álava ya está en marcha.
En uno o dos meses se podría formalizar la petición de Condado de Trebiño y de La Puebla de Arganzón para integrarse política e institucionalmente en Álava. Ése es, al menos, el deseo del nuevo alcalde de Trebiño, el independiente Ignacio Portilla Moraza, de la Agrupación Electoral Independiente de Condado de Trebiño. Se declara dispuesto a seguir cada paso del Informe de Mayores Vinculaciones, elaborado por el jurista Iñaki Lasagabaster, con el que se trabaja desde hace cuatro meses, tal y como explicó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA recientemente.
El origen de esta iniciativa data del mes de agosto, cuando, precisamente, la Agrupación Independiente planteó en el Pleno de ese Ayuntamiento, que entonces presidía la popular Inmaculada Renedo, que se pidiera a un experto un informe con conclusiones que pudieran ser vinculantes para poder iniciar un proceso de integración del enclave burgalés en Álava. La propuesta salió adelante a pesar de la negativa del Partido Popular, que argumentó que ya existía un estudio realizado por encargo del Gobierno Vasco en ese sentido y que gastar 17.000 euros en otro informe, en aquellos momentos, no era lo más adecuado.
El informe se encargó al mencionado jurista, quien acudió a ambos municipios para explicar el proceso que se podría seguir. En síntesis, según explicaron en su momento Inmaculada Renedo y Roberto Ortiz, alcaldes de Condado y de La Puebla de Arganzón, las intenciones conformaban una hoja de ruta. En ésta, en primer lugar, los dos municipios con aspiraciones de convertirse en alaveses de pleno derecho deberían dirigirse a los partidos políticos con representación parlamentaria para interrogarles por su posicionamiento si es que se decidía activar el proceso de integración. El jurista solicitaba, en ese sentido, que se conociese de antemano si las formaciones parlamentarias en la Cámara de Vitoria estarían de acuerdo en solicitar la integración del enclave y en defender esa opción ante el Gobierno central, como así se hizo, según Ignacio Portilla. En caso positivo, el segundo paso pasaría por solicitar al nuevo Ejecutivo vasco, liderado por el PNV de Iñigo Urkullu, que asumiera esa propuesta ante los poderes del Estado. Según las mismas fuentes, tal disposición se podría gestionar como una ley orgánica.
Hoja de ruta Como preámbulo a la hoja de ruta, el informe solicitaba un posicionamiento previo de los plenos de los dos ayuntamientos implicados. La propuesta se llevó en primer lugar al Pleno del Trebiño y aunque el grupo popular que presidía Inmaculada Renedo siempre había votado negativamente a ese tipo de propuesta, en aquella ocasión decidió abstenerse por respeto hacia las posturas de todos los vecinos del Condado. Con ello, la iniciativa que solicita el inicio de un proceso para la integración del enclave burgalés en el territorio de Álava fue aprobada por unanimidad.
Una vez logrado el primer paso, fue la propia Renedo quien se puso en contacto con su homólogo de La Puebla de Arganzón para proponerle ir de la mano con la iniciativa. Ante tal ofrecimiento, Roberto Ortiz, el primer edil de la localidad ribereña del Zadorra, contestó afirmativamente y convocó un Pleno Extraordinario que se celebró el 16 de octubre con la aprobación unánime de la propuesta.
Tras obtener el refrendo de los dos plenos municipales, los ayuntamientos iniciaron un proceso de consultas con los partidos del marco parlamentario. No obstante, el proceso sufrió un parón tras el cambio en la Alcaldía de Condado de Trebiño debido a una moción de censura. Una vez estabilizada la situación, las gestiones ligadas a la iniciativa de integración se reactivaron con la visita del nuevo alcalde, Ignacio Portillo, al presidente de la Diputación de Burgos, César Rico.
En aquel encuentro, Portilla trasladó a Rico que, "Trebiño ha iniciado el expediente de segregación de Burgos y de Castilla y León", de acuerdo con lo relativo al Estatuto de aquella comunidad autónoma. También aclaró que en el próximo Pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Trebiño se procederá a la aprobación de esta vía administrativa que tiene como objetivo "conseguir pertenecer al País Vasco" al considerar que es Álava "quien presta todos los servicios al municipio".
Sobre la validez del expediente que se enviará a las administraciones burgalesas, así como al Gobierno Vasco, Portilla explicó que éste se encuentra regulado por el Estatuto de Castilla y León. "Es una especie de ley de divorcio, que en el caso de Trebiño intenta desvincular a la localidad con Castilla y León". Al tiempo reclamó a las administraciones y a los responsables políticos que "cumplan la ley y los deseos de Trebiño porque es la voluntad mayoritaria".
Ésa es la razón por la que considera que "no debieran presentarse escollos". "En estos momentos la mayor parte de los servicios que se prestan en Trebiño no los presta ni Burgos, ni Castilla y León", recordó a Rico, al tiempo que insistió que tanto cuestiones como sanidad, infraestructuras o educación han pasado a ser cuestión del Gobierno vasco. "Solamente la quinta parte del pueblo va al colegio público porque la necesidad real de los chavales es seguir una educación modelo del País Vasco porque es allí donde van a desarrollar su vida", subrayó.
El presidente de la Diputación señaló sin embargo que en ese proceso de segregación hay un camino jurídico que seguir, y que la Diputación seguirá los pasos que sean necesarios "para no saltarse la ley". César Rico recordó que hace doce años se estudió esta cuestión en una ponencia en el Senado, en la que quedó claro el contexto político y jurídico que marca el Estatuto de Autonomía, texto en el que se reconoce al Condado de Trebiño como parte de Burgos y de Castilla y León. Ése es el principal escollo, el blindaje realizado en el Estatuto de Castilla y León, que es una ley de carácter orgánico reformada recientemente, por lo que descarta que se incluyan cambios sobre la naturaleza de Trebiño. "Desde la Diputación seremos escrupulosos en el proceso", indicó, porque el Estatuto mantiene esta zona como burgalesa, cuestión avalada por el propio Tribunal Constitucional.
Por su parte, Roberto Ortiz, alcalde de La Puebla de Arganzón, también mantiene la esperanza de lograr la integración, aunque lleva años topándose con las mismas negativas de siempre. Para el representante de esa parte del enclave, el informe que asumieron los dos ayuntamientos en octubre pasado "es una vía más que se ha abierto y en la que vamos a seguir trabajando. Entendemos que estar integrados en Álava es dar una mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos y en esa línea vamos a trabajar".
En La Puebla de Arganzón el siguiente paso será la convocatorio de un Pleno extraordinario para seguir avanzando en la hoja de ruta marcada y así se convocará en un breve plazo de tiempo, aunque previamente se celebrará un encuentro de los dos alcaldes para intercambiar impresiones.
Procedimiento complejo Sea como fuere, esta iniciativa requiere un procedimiento muy concreto. Éste se basa en la denominada disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que recoge el proceso para la segregación de enclaves. Así, los dos municipios deben cumplir como requisitos la "solicitud de segregación" con una mayoría de dos tercios. Además se requieren informes favorables de la provincia y de la comunidad a la vista de las mayores vinculaciones históricas, sociales, culturales y económicas con la comunidad autónoma a la que se solicite la incorporación, para lo que la Junta de Castilla y León podrá proponer encuestas y otras formas de consulta con objeto de llegar a una más motivada resolución. También incluye el refrendo entre los habitantes de los municipios que pretendan la segregación.
