Vitoria. El Gobierno Vasco en funciones de Patxi López se ha retratado de la mano del fracking a un suspiro de ceder el testigo al PNV. Este martes, concedió un permiso para buscar gas natural mediante esta polémica práctica en el Valle de Ayala y el entorno de Bilbao. La autorización se quedó en casa, porque se la dio a Shesa, sociedad de hidrocarburos de Euskadi dependiente de esta administración. Una decisión que ha encendido aún más las protestas de quienes llevan advirtiendo de los "peligros" de esta técnica desde que el Gobierno central dio carta blanca para estudiar la implantación de pozos en Subijana, entre otros puntos del Estado. La asociación ecologista Eguzki tildó ayer de "ilegítimo" que una administración en funciones adopte una medida así, cuando ya no representa a la mayoría de los ciudadanos, en los días previos al traspaso de cargos, competencias y responsabilidades políticas.
De la misma forma que, tras las elecciones, se han impulsado medidas que luego han quedado suspendidas, como la adquisición de Ipads para los parlamentarios o la contratación de una plataforma logística en Osakidetza, bien podría darse marcha atrás a ésta. Y es lo que Eguzki espera. "Se puede y se debe paralizar y dejar sin efecto esta decisión ilegítima", subrayó. Más aún si se tiene en cuenta la tremenda presión social, que quedó reflejada en la exitosa movilización del pasado 6 de octubre en la capital alavesa. La asociación no puede dejar más clara su postura: "No queremos fracking, ni aquí ni en ningún sitio, ni campos de explotación, ni procesos de exploración camuflados como investigaciones inocuas o sin efectos perversos, ni fines de explotar miles de pozos, como han desvelado en esa loca carrera de permisos por zonas".
Eguzki recordó que, debido a la experiencia desarrollada en Estados Unidos, "hay evidencias constatadas" de que la extracción de gas pizarra comporta un riesgo significativo de contaminación de las aguas subterráneas y de superficie. Por eso, la asociación acusa al Gobierno Vasco de dar la esplada a la obligación de las administraciones de preservar el medio ambiente. Frente a ese deber, la sensación de los ecologistas es de que ya se ha abierto la veda para la extensión del fracking. "Ésta no sólo es una agresión a las áreas inicialmente afectadas por el permiso, sino un aviso para explorar y apostar por la explotación en todos el territorio; es decir, a todos los espacios amenazados por solicitudes de permisos. Una demostración de cabezonería, imposición y compromisos ajenos a toda la población", sostuvo el colectivo.
Algo más que gas parece que hay detrás de este proyecto, a juicio de los colectivos contrarios. La plataforma Fracking Ez Araba, por ejemplo, ha achacado la concesión a "ocultos intereses personales", por cuanto la ha autorizado un gobierno saliente y en un momento en el que "las espadas del fracking siguen en alto". Sin embargo, por muchos cuestionamientos que se hagan, en Euskadi no sólo existe una apuesta por esta técnica que ha revolucionado el mercado energético mundial, sino que además aquí ha sido la propia administración la que ha promocionado las virtudes del fracking -el interés surgió con el anterior Ejecutivo de Juan José Ibarretxe- y se ha traído de la mano, desde Texas, a socios capitalistas dispuestos a poner en marcha toda la tecnología necesaria.
Por eso era cuestión de tiempo que llegara un permiso como el actual, de nombre Saia. Claro está, Eguzki considera que "en ningún momento ni lugar Shesa, como parte del Gobierno Vasco, ni éste como concesionario pueden acreditar la capacidad técnica para hacer fracking, pues esta técnica en sí no respeta la salud humana, el agua y la tierra, por lo que no existe entidad capaz de respetar el medio contaminando y dañando gravemente los recursos fundamentales de la vida". El Ejecutivo autonómico, mientras tanto, guarda silencio. Justo lo contrario que la ciudadanía. Seguramente habrá nuevos actos de protesta, y Eguzki anima a los alaveses a participar en todos ellos.