madrid. El Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico 2013-2016, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, una nueva estadística de carácter trimestral que reflejará la "verdadera realidad" de los desahucios en España y que servirá para implementar las medidas necesarias para frenar estos procesos.

Así lo indicó en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que "es necesario conocer a fondo" los datos relacionados con los desahucios para poder implementar medidas en este ámbito.

En este sentido, explicó que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para frenar los desahucios, pero se ha encontrado con la "dificultad" de disponer de datos "dispares y no lo suficientemente desagregados".

Estos datos provenían hasta ahora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Instituto Nacional de Estadística (INE) o de las entidades financieras. Con el Real Decreto aprobado ayer se crea una nueva fuente de información, que se encomendará al INE, con la colaboración de los agentes del Registro de la Propiedad y Mercantil.

Estas instancias aportarán datos para poder conocer la evolución trimestral de las ejecuciones según la naturaleza de las fincas. En este punto, Sáenz de Santamaría explicó que "no es lo mismo" una ejecución de una primera vivienda, en la que la familia puede perder su vivienda habitual, que el de una vivienda vacacional, un local de negocio o una nave industrial, casos que hasta ahora aparecían agregados en las estadísticas.

Del mismo modo, la vicepresidenta del Gobierno recordó que en los datos recabados hasta la fecha tampoco se distinguía entre ejecuciones hipotecarias y aquellas referidas a contratos de alquiler.

nueva normativa La vicepresidenta insistió en que esta estadística "se utilizará para conocer nuevas realidades" y "como aproximación a la verdadera realidad de los desahucios", antes de introducir nuevos cambios normativos.

Sáenz de Santamaría recordó que, de momento, el Pleno del Congreso convalidó el pasado jueves, 29 de noviembre, el decreto ley de Medidas Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios, que se tramitará como proyecto de ley por unanimidad de las formaciones parlamentarias. Esta norma establece una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias y prevé la creación de un parque de viviendas sociales con rentas de entre 150 y 400 euros mensuales para las familias afectadas por desahucios, dos medidas que, según el Ministerio de Economía, beneficiarán a más de 120.000 hogares y hasta 600.000 familias, respectivamente.

Así, recalcó que tras estas "medidas de choque" el Gobierno aprovechará el trámite como proyecto de Ley para acordar medidas con los grupos parlamentarios de forma que el resultado sea una normativa "lo más equilibrada posible", que compatibilice el funcionamiento del mercado hipotecario y la protección a las familias. Las cuestiones sobre las que el PP prevé actuar, dijo, serían las cláusulas abusivas, los umbrales de renta para poder beneficiarse del Código de Buenas Prácticas de la banca, los intereses de demora o los mecanismos de supervisión.