Vitoria. Aunque el actual ejecutivo vasco del PSE lo es en funciones y está a punto de ceder el testigo al PNV, en Lakua se siguen tomando decisiones de singular relevancia, como la de conceder un permiso para buscar gas natural mediante la técnica del fracking en el Valle de Ayala y en el entorno de Bilbao. El Consejo de Gobierno autorizó el pasado martes el permiso Saia, solicitado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Shesa, en 2010, junto con los de Lore, Landare, Sustraia y Lurra. Se trata de la primera vez que el ejecutivo autónomo decide en torno a esta polémica técnica, pues el permiso Gran Enara, el más avanzado del Estado y que ha suscitado la contestación social en Álava, trasciende los límites de la comunidad y por ello fue el Gobierno central el que decidió dar carta blanca al proyecto.

Así pues, el gobierno de Patxi López contradice a su propio partido, que en Castilla y León, Aragón y Cantabria se ha pronunciado en contra del fracking, y autoriza una nueva área de extracción. En todo caso, la decisión es la lógica habida cuenta de que el solicitante, Shesa, es una sociedad pública dependiente del Departamento de Industria del mismo gobierno que da el permiso. Y es que en Euskadi se da una circunstancia especial con respecto a la técnica que ha revolucionado el mercado energético mundial. Aquí no ha venido una empresa a presentar un proyecto y pedir autorización para llevarlo adelante, sino que es el propio gobierno el que ha promocionado las virtudes del fracking entre la población y se ha traído de la mano, desde Texas, a los socios capitalistas que van a poner la tecnología necesaria. Desde unos ámbitos se asegura que esta promoción desde las instituciones certifica la viabilidad ambiental del proyecto; desde otros se considera que el hecho de que el ejecutivo sea arte y parte en el proyecto le otorgará impunidad para llevarlo adelante sin cortapisas.

Así se considera al menos en la plataforma Fracking Ez Araba, que ayer dio la voz de alarma sobre la autorización del permiso Saia, con una vigencia de seis años, y que achacó la concesión a "ocultos intereses personales", por cuanto la ha autorizado un gobierno saliente y en "un momento en el que las espadas del fracking siguen en alto, cuestionado desde casi todos los lugares".

A falta de saber quién tomará el relevo en Shesa con el cambio de gobierno, si es que este relevo efectivamente se produce, será el PNV el que gestione el nuevo permiso, "una herencia envenenada" para el nuevo ejecutivo, según la plataforma.