Madrid. El Congreso convalidó ayer con el voto del PP, UPyD y UPN el decreto que permite la suspensión de desahucios durante dos años. A pesar de que De Guindos anunció que 621.000 familias se podrían acoger a esta norma finalmente sólo se evitarán un máximo de 120.000 desahucios. Toda la oposición criticó el decreto al considerar que tiene unos criterios muy restrictivos para beneficiarse de él.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió en el debate parlamentario que ese colectivo potencial es una cifra "nada despreciable", así como la decisión del Ejecutivo de adoptar medidas urgentes para familias "vulnerables" mientras se negocian cambios legales de mayor alcance con el resto de partidos políticos.
No obstante, avanzó que el número final de hogares que se podrán acoger a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota. Un cifra que supone un drástico descenso comparado con las 621.000 familias que el ministro anunció hace nueve días.
Para poder beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables como ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad mayor del 33% o dependencia.
Además, el titular de Economía anunció que el nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV) ya tiene en cartera 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras. Guindos no desveló qué entidades han contribuido al FSV, pero se mostró convencido de que la mayoría lo suscribirán. El Fondo es de adhesión voluntaria, pero una vez firmado hay que cumplir las obligaciones que de él se deriven.
El decreto de paralización de desahucios recibió el voto favorable del PP, UPN y UPyD y, con excepción del Grupo Popular, suscitó las críticas de todos los grupos parlamentarios, que coincidieron en que es restrictivo y excluye a muchos colectivos necesitados. No obstante, su tramitación como proyecto de ley, en la que pueden incorporarse medidas de los distintos partidos políticos, tuvo un amplio respaldo, con 332 votos a favor y uno en contra.
La oposición en contra La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, dijo que el afán de restringir los beneficiarios ha dejado la norma "sin contenido" y aseguró que el problema de los desahucios no es "de marginalidad, sino de la clase media trabajadora de este país".
Desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela, criticó la "insensibilidad social e inutilidad política" del decreto y afirmó que los criterios para beneficiarse de la suspensión de un desahucio los ha redactado la patronal del sector bancario.
El diputado de UPyD Carlos Martínez también lo consideró "insuficiente", pero en la decisión de voto de la formación ha pesado más su convencimiento de que es necesario apoyar este tipo de medidas.
El PNV criticó las prácticas de las entidades de crédito a la hora de conceder préstamos.
