madrid. El decreto convalidado ayer en el congreso es insuficiente tanto para Facua como para la Asociación de Usuario de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). Los primeros acusan a los bancos como los verdaders artífices de esta moratoria. Una norma que Adicae quiere ampliar a tres años.

FACUA se ha mostrado muy crítica al acusar a "la mano del poder financiero" como la verdadera artífice de este decreto ley "cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad", dicen desde la asociación.

Asimismo, lamentan la "insensibilidad" que manifiesta el Gobierno con este "drama" y califican de "decreto trampa" el texto al que podrán acogerse un "ínfimo porcentaje de familias en riesgo de desahucio".

Además, criticaron que nueve días después de que el ministro de Economía asegurase que serían 600.000 las familias que podrían paralizar sus desahucios durante dos años, "De Guindos ha dado una nueva cifra que reduce a 120.000 las familias beneficiarias y una vez más sin argumentar cómo ha realizado el cálculo".

FACUA lamentó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "esté cerrado al diálogo con las organizaciones que representan los intereses de los usuario para alcanzar medidas que realmente solucionen el problema".

Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, entregó a todos los grupos del Congreso sus propuestas de enmienda al proyecto de ley Antidesahucios, con iniciativas como ampliar de dos a tres años la moratoria aprobada por el Gobierno así como modificar los requisitos para poder acogerse a ella.

En concreto, reclaman que la moratoria se aplique tanto a desahucios como a embargos, "tanto iniciados como no iniciados", y que se prolongue durante un periodo de tres años para todos los deudores hipotecarios "con dificultades sobrevenidas como consecuencia de la pérdida de sus ingresos habituales por enfermedad, pérdida de empleo u otras circunstancias sobrevenidas".

El objetivo es que, durante ese tiempo, "se pueda solicitar la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria, judicial o extrajudicial, antes del lanzamiento e incluso antes de que se inicie" el proceso.

Además, Adicae reclama que la moratoria pueda ser solicitada tanto por los deudores como por sus avalistas, algo que no recoge el decreto, siempre que cumplan unos "supuestos de idoneidad objetiva".

Entre sus peticiones también está la petición de que las unidades familiares con hijos de hasta 16 años (edad laboral legal) puedan acogerse a esta medida en lugar de limitarla a tres años, como figura en el texto. Además, todos los parados, con independencia de si han agotado sus prestaciones o no, deberían poder ser beneficiarios a juicio de Adicae.

Pardos también señaló que entre los criterios económicos deberían figurar como posibles beneficiarios aquellos que tengan una hipoteca que supone un 30% de sus ingresos, en lugar del actual 50% marcado en el texto. Durante el tiempo que dure la moratoria "no se devengarán intereses de demora".