vitoria. Las elecciones autonómicas se celebraron el pasado domingo 21 de octubre, pero el Gobierno Vasco socialista en funciones no ha dejado de trabajar desde entonces. Y no precisamente sólo para facilitar el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo. La reciente licitación de una plataforma logística de almacenamiento y suministro de material sanitario para los centros médicos del área de Álava y el Alto Deba (Gipuzkoa) ha vuelto a desatar la polémica en Osakidetza, en gran medida porque ésta se llevó a cabo el día 26 del pasado mes, cinco después de los comicios. Según recoge el expediente, al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, la plataforma será operada por una empresa externa de Osakidetza, que deberá aportar el espacio físico suficiente y los equipamientos, la maquinaria y los vehículos necesarios para el cumplimiento de sus fines: En concreto, la recepción, el almacenaje y la custodia del material, así como su preparación, transporte y distribución a los diferentes puntos de suministro. En una primera fase sólo serán los hospitales de Txagorritxu y Santiago, a los que después se sumarían los ambulatorios de todo el territorio histórico, el hospital de Leza, la red de Salud Mental y los centros médicos del Alto Deba.
Se trata, de facto, de centralizar y externalizar los almacenes de material sanitario de todos estos centros en una sola infraestructura, cuyas características futuras ya detalla el concurso. A la hora de adjudicarlo, Osakidetza tendrá en cuenta la distancia kilométrica desde la ubicación del futuro almacén central hasta cada centro y que tenga un acceso rápido a las principales carreteras para reducir el tiempo y el coste de transporte necesarios. Teniendo en cuenta la capacidad actual de los almacenes de material sanitario de los centros ya citados, Osakidetza ha estimado que la plataforma requerirá de 4.500 metros cuadrados útiles de superficie.
El todavía consejero Rafael Bengoa ha intentado salir al paso de las primeras protestas surgidas entre los sindicatos y los trabajadores afectados, que podrían alcanzar la treintena. El número máximo de personas que trabajarán en esta infraestructura, si se pone en marcha, será de 26, contando los administrativos, el personal de almacén, el encargado de distribuir el material y un director. A pesar de que todos los indicios apuntan a lo contrario, el titular sanitario aseguró recientemente que los almacenes "seguirán siendo públicos" y que "no es verdad que haya intención de privatizar su gestión, distribución y actividad".
prisas... y silencio Bengoa resta yerro a un asunto que ni siquiera ha sido anunciado públicamente por Osakidetza ni el Departamento de Sanidad, que aun y todo ha seguido realizando ruedas de prensa y presentaciones después de las elecciones. Y todo ello a pesar de que siempre se ha erigido como un ferviente defensor de lo público. "¿Por qué tanta prisa y tanto silencio?", se pregunta un trabajador del ente público con años de experiencia en áreas de gestión. "Es una decisión de calado estratégico importante, que condiciona la política de Osakidetza para los próximos años. En ningún caso es una decisión que compete a una dirección general que se sustenta en un consejero de Sanidad cesante y en funciones", censura este mismo empleado.
Cabe destacar que el plazo de ejecución del contrato se ha establecido en cuatro años, un máximo de seis meses para la puesta en marcha de la plataforma y tres años y medio de operaciones, pero prorrogables por dos años más. "Al término del período de vigencia del contrato el contratista podrá verse obligado, por razones de interés público, a mantener la prestación del servicio hasta que se formalice un nuevo contrato", especifica el expediente.
Otro de los aspectos del concurso que entre algunos círculos ha causado recelos es que se ha acortado el plazo mínimo para presentar ofertas a sólo 40 días, cuando en condiciones normales éste se extiende hasta los 52. La empresa adjudicataria se embolsaría 13,84 millones de euros de aquí a los próximos seis años, en caso de que se prorrogue la concesión al máximo establecido. Esta importante cuantía serviría para sufragar las inversiones necesarias para poner en marcha la plataforma, su coste de servicio, el transporte para movilizar el material así como los gastos financieros y el beneficio industrial.
De salir adelante, Álava sería el único territorio de la CAV en contar con una infraestructura centralizada de material sanitario de estas características. Su futuro, a buen seguro, tendrá un hueco destacado en las primeras comisiones de Sanidad de la nueva legislatura.
