MADRID. La crisis ha aumentado el número de familias que deja a sus hijos al cuidado de la Administración y son los centros de día los verdaderos protagonistas al abrir, en este segundo semestre y tras dispararse la demanda, nuevos comedores sociales que garantizan una comida diaria a los niños.
Según el presidente de la Fundación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Fedaia), Jaume Clupés, en Catalunya se ha duplicado el número de niños que asisten a los centros de día, donde los trabajadores sociales han detectado casos de desnutrición.
Estos centros funcionan después del horario escolar. Antes de la crisis cumplían un papel educativo y de refuerzo pero ahora se ven obligados a suplir deficiencias en alimentación. Clupés destacó que a los niños que acuden a estos centros les llaman "menores móviles" porque nunca saben si habrá alguien en casa cuando llegan. Algunos, con solo 7 años, ejercen de canguros y tienen a su cargo hermanos más pequeños.
No solo en Catalunya se disparan quienes acuden a estos centros. Según Aldeas Infantiles esta tendencia se da en toda España y ha obligado a abrir nuevos comedores, los últimos en Madrid y Zaragoza.
Se trata de situaciones límite. Muchas veces los padres están en la calle buscando recursos, tienen horarios desorbitados o salarios ínfimos. También abundan empleadas de hogar incapaces de costear las becas de comedor.
CUBRIR CARENCIAS Aldeas Infantiles también ha variado el carácter de sus ayudas que si antes se basaban en el apoyo educativo, ahora se centran en cubrir las carencias en la alimentación. Según relató su portavoz, Gracia Escudero, el paro y los desahucios llevan a los comedores sociales a familias que hace dos o tres años "ni se planteaban acudir a los servicios sociales", y lo hacen para que sus hijos "no pasen hambre".
Aunque los datos sobre menores no siempre son facilitados por la Administración, las consejerías de Bienestar Social de Madrid, Castilla y León y Extremadura han reconocido un aumento de guardas en 2012 respecto al año pasado.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Madrid informaron de que este aumento de guardas, aunque es leve, marca una tendencia.
En otras autonomías, como la CAV y Baleares, han aumentado es el número de tutelas, y en la comunidad balear también han subido las demandas de intervención.
Las familias que acuden a la guarda se reparten al 50% entre españoles e inmigrantes, y en lo que sí coinciden es en un elevado estrés familiar donde el paro y los desahucios están a la orden del día.
Otras autonomías como Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra o la Comunidad Valenciana presentan cifras equilibradas en guardas y tutelas e incluso aseguran que las partidas no se han reducido.
LAS PARTIDAS DESCIENDEN Esta opinión es rebatida por el presidente de Mensajeros por la Paz en Madrid, Rodrigo Pérez Perela, para quien la realidad es otra. Pérez Perela se ha referido al caso de Madrid, donde prácticamente todas las partidas descienden mientras que suben las relativas a sueldos de altos cargos.
Fuentes de los trabajadores sociales de Catalunya también han denunciado que la Generalitat no quiere aumentar las plazas de tutela dado su alto coste, que ronda los 110 euros por menor y día.
Tras estas cifras, las ONG han relatado casos límite. En Cataluña, un hombre viudo con dos hijos perdió hace tres años su trabajo, lo que le llevó al desahucio. El hombre acudió a un centro concertado de la Generalitat donde se admitió la guarda de sus hijos, de entonces 3 y 7 años, mientras buscaba empleo y dormía en un cajero.
Las ONG han denunciado que el tiempo pasa y este hombre puede acabar perdiendo la custodia mientras los servicios sociales no arbitran una solución intermedia -como un piso social- donde pueda tener consigo a sus hijos.