vitoria. A la gestión del Gobierno municipal, en manos del Partido Popular, le crecen los problemas. Al menos, en materia de Policía Local. No en vano, en cuestión de unas semanas ha recibido tres malas noticias desde los tribunales de la Avenida Gasteiz. Dos, en forma de denuncias auspiciadas por la central ErNE -una por un presunto caso de veto a sus derechos sindicales y otra por la modificación unilateral de las condiciones laborales de los que fueran integrantes de la extinta unidad UOS- y la tercera, en formato de sentencia en contra de los intereses de los actuales gobernantes, el Gabinete liderado por el alcalde, Javier Maroto. Precisamente, y en relación a este último revés, el actual Ejecutivo ya ha recurrido la decisión judicial que ponía en entredicho el nombramiento del actual comisario jefe de la Guardia Urbana de la ciudad.
Al respecto, portavoces del Ejecutivo municipal consultados por este diario confirmaron que la sentencia ya ha sido recurrida por los servicios jurídicos del Consistorio gasteiztarra. Tal posibilidad entraba dentro de las posibilidades incluidas en el auto, ya adelantado por este rotativo -que permitía el recurso en 15 días, ya que la sentencia no era firme-, y que estimaba el recurso en contra del nombramiento del citado al frente de la Policía Local y que daba la razón a los demandantes, es decir, a la Asociación de Jefes de la Policía Local de Euskadi (Ajeple-Eube). Ésta consideraba que tal designación no se ajustaba a derecho.
La sentencia quedó vista para sentencia hace unos meses en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de la capital alavesa. Entonces, a la Justicia le tocó lidiar a través de un proceso abreviado sobre el nombramiento del comisario jefe de la Policía Local, que lo es desde que gobierna el actual Ejecutivo municipal, José Carlos García Marcos. El caso es que a juicio de la portavocía de la Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi, tal circunstancia no concordaba con los procesos legales en vigor. En ese sentido, la citada organización reclamó ante el magistrado que se declarara la nulidad o que se revocase el Decreto de Alcaldía de 21 de junio de 2011 del Ayuntamiento de Vitoria. En aquella orden se asignó en comisión de servicios al actual comisario jefe el desempeño de las funciones del puesto. Ajeple creía que la designación del nuevo responsable policial debía responder a un proceso de concurso tal y como determina la Relación de Puestos de Trabajo.
Consultado de nuevo el portavoz de Ajeple, César Pérez, confirmó ayer las tesis que justificaron la denuncia. "Claro que se puede elegir a través de la libre designación, pero respetando las reglas de juego. Se trata de seguir los procedimientos y que nadie suba por amistad o cercanía política, sino por méritos profesionales". A su juicio, en Vitoria tales circunstancias no se han producido, ya que el actual comisario jefe no pertenecía, ni siquiera, al grupo de subcomisarios.
