laguardia. Tras muchos años de negar la posibilidad de formalizar contratos para la uva, parece que las tornas han cambiado. Finalmente, el Ministerio de Agricultura se ha pronunciado a favor de los agricultores y ha elaborado un anteproyecto de Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en el que se contemplan dos elementos fundamentales: los contratos alimentarios y las prácticas comerciales, que son de obligado cumplimiento para las relaciones comerciales de todos los operadores, desde la producción hasta la distribución. Así, con la legislación en ciernes se posibilita la creación de contratos de compra-venta de la uva que benefician a los productores, que podrán establecer un precio justo al fruto de sus cosechas. Hasta ahora, por ejemplo, en el mundo del vino, se ha llegado a pagar la uva por debajo del precio de coste al no existir contratos que lo regularan. Era el bodeguero quien decidía la tarifa según el mercado, sin tener en cuenta al agricultor.

La falta de contratos ha sido motivo de enfrentamientos y hasta de manifestaciones, tanto en Logroño como en otras localidades de Rioja Alavesa, especialmente a partir de los años en los que los precios comenzaron a descender hasta quedar por debajo de los costes de producción. A esto se une el endémico mal de que las bodegas receptoras, generalmente, no informaban a los viticultores del precio que pagarían por las uvas hasta bien pasadas las vendimias, ni se especificaba cuándo lo pagarían, dejando a los agricultores en una situación de indefensión porque muchos se veían obligados a vivir de financiación bancaria mientras esperaban para cobrar, lo que suponía financiar a las bodegas.

La Unión de Agricultores ha visto que por fin se les daba la razón y que "el Ministerio, ante la grave situación de hundimiento de precios en el sector agrario por la generalización de la venta a resultas, va a imponer los contratos obligatorios para todas las transacciones agrícolas o ganaderas, dando la razón a años de reivindicaciones".

Para la citada organización de representación agroganadera, "la contractualización de las relaciones comerciales entre viticultores/cooperativas y bodegas es un elemento fundamental para acabar con uno de los mayores problemas que tiene el sector productor: la falta de transparencia en el mercado interno del Rioja. Una opacidad que, al no conocerse los precios de venta de las uvas antes de la vendimia, impide la competencia entre los compradores y la subida de precios".

En el anteproyecto de Ley se establece la obligación de incorporar expresamente en estos contratos escritos los elementos esenciales: identificación de las partes, objeto, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración y causas y efectos de la extinción pactados libremente por las partes. Además, se exige que cualquier modificación de las condiciones contractuales se realice por mutuo acuerdo o conforme a lo expresamente pactado en el contrato sin que pueda tener efecto retroactivo.

Relaciones comerciales El anteproyecto regula los pagos comerciales, prohibiendo su exigencia cuando no estén pactados e incluidos expresamente en el contrato escrito, así como las contraprestaciones a las que dichos pagos estén asociados, lo que se extiende también a las actividades de promoción.