Vitoria. Cada día que pasa puede ser uno más o uno menos para la central nuclear de Garoña. Según se mire, claro está. Lo que parecía el cierre definitivo de la instalación tras el plante de Endesa e Iberdrola ante el Gobierno central, ahora se resiste a confirmarse. O, al menos, no de forma concluyente. El caso es que el pulso de las citadas multinacionales al Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha convertido en un duelo que sólo se resolverá cuando concluyan los plazos formales y administrativos para dar por muerta la planta. O para resucitarla y mantenerla con vida hasta, por los menos, 2019, que es la fecha que han propuesto los populares para prorrogar su actividad. Entre tanto, y hasta una decisión definitiva, que podría determinarse el 4 de octubre (para bien o para mal), los trabajadores de la central se aferran a las esperanzas que les da Nuclenor -empresa que explota la central- sobre la continuidad de sus respectivos puestos de trabajo. En ese sentido, el comité de empresa indicaba ayer que ha aumentado su "esperanza" de que la planta nuclear siga abierta tras mantener en la mañana de ayer una reunión con miembros de la Dirección de Finanzas de la central.

Así, al menos, lo indicó el presidente del comité de empresa de la compañía, Alberto César González (USO). Al parecer, además, en la cita entre empresa y la parte social se decidió convocar una nueva reunión la semana que viene en la que los responsables de la sociedad mercantil, participada al 50% por las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa, esperan tener los "detalles" que faltan para evaluar ingresos y gastos en caso de la prórroga de la actividad.

Según informa la Agencia Efe, aunque Nuclenor cuenta desde el pasado vienes con más información sobre las tasas que pagaría la central nuclear en caso de operar más allá de 2013, que sigue siendo la fecha de cierre prevista, el representante de los trabajadores indicó que aún es necesario conocer la evolución prevista del precio de la electricidad que produce la planta y la tasa con que se gravará el almacenamiento de residuos. Al parecer, según les informó la empresa, debe ser la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) la que concrete cuánto se deberá pagar por esa tasa.

Al término de la reunión, Alberto César González señaló a la citada agencia que la "fecha clave" para saber el futuro de la central nuclear del Valle de Tobalina puede ser el 4 de octubre, porque ese día finaliza el plazo para presentar un recurso de reposición ante el Ministerio de Industria que podría permitir ampliar el plazo para solicitar la prórroga, que finalizó el 5 de septiembre, hasta el 5 de noviembre.

Sea como fuere, lo cierto es que el asunto de la presunta prórroga de la vida útil de la instalación atómica, conocida como la de las mil grietas en ámbitos ecologistas por los problemas que ha presentado a lo largo de su historia -es la más longeva del Estado-, se ha convertido en un juego en el que tratan de sacar réditos las eléctricas dueñas de la central y el Ministerio de Industria.