Bruselas. El intento de la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, por obligar a las grandes empresas a incorporar más mujeres en sus consejos de administración no es nuevo pero a tenor de la oposición que ha suscitado en algunos países europeos el camino se le ha puesto bastante cuesta arriba. Reding quiere que las grandes compañías que cotizan en Bolsa den ejemplo y cuenten en este órgano de dirección con al menos un 40% de mujeres para el año 2020, con contrapartidas en forma de sanciones y multas para aquellas que violen el nuevo mandamiento. Nueve países, entre ellos Reino Unido y Holanda, ya han dicho que no. En una carta remitida al Ejecutivo comunitario reconocen que hay pocas mujeres pero rechazan la creación de medidas vinculantes a escala europea.
El desafío es potente porque estos nueve países, entre los que se encuentran también Bulgaria, República checa, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría y Malta, suman una minoría de bloqueo capaz de echar por tierra en el Consejo el intento de regulación de la Comisión Europea. La misiva, según confirmaron ayer desde el Ejecutivo, llegó el pasado viernes aunque insisten en que de momento no hay ninguna propuesta oficial sobre la mesa y que el Ejecutivo comunitario sigue trabajando en un texto en el que Reding constata que la mejor forma de conseguir los objetivos de paridad es a través de una "acción coordinada a nivel europeo más que a través de iniciativas nacionales".
El borrador de directiva, al que ha tenido acceso DNA y que en principio verá la luz entre octubre y noviembre tras el proceso de consulta interna en el que está inmerso, subraya que el objetivo del plan es aumentar el número de mujeres en los consejos de administración "estableciendo un objetivo vinculante mínimo del 40% del sexo infrarrepresentado" entre los miembros no ejecutivos. Y es que, según subrayan, el corazón del problema radica en las múltiples barreras que crecen constantemente en torno a las mujeres que quieren llegar a lo más alto, y que achacan a estereotipos en la contratación y promoción, a la falta de transparencia de los procesos y al hecho de que la cultura empresarial sigue siendo masculina.
La nueva normativa se centrará solo en las grandes compañías que cotizan en Bolsa "debido a su importancia económica y su visibilidad" en los medios de comunicación, mientras que quedarían excluidas las pequeñas y medianas empresas de menos de 250 personas y cuyos beneficios anuales no exceden de los 50 millones de euros. La propuesta hace una distinción. Las grandes empresas privadas tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2020 para cumplir con el requisito de un 40% de mujeres en los órganos de administración mientras que a las compañías de titularidad pública se les exigirá alcanzar este objetivo dos años antes, el 1 de enero de 2018.
Sanciones ejemplares Uno de los elementos que más discordia ha generado es el de las sanciones que según Reding deben ser "efectivas, proporcionadas y disuasorias". Entre las cuatro posibilidades mencionadas en el texto: sanciones administrativas, la imposibilidad de acceder a subsidios o ayudas públicas, incluidos los fondos europeos gestionados por los Estados miembros, la exclusión de contratos públicos e incluso la anulación de nombramientos. El plan también recalca que el objetivo será vinculante por tiempo limitado y solo hasta que se logre un progreso sostenible. Es decir, en principio, la fecha de caducidad de esta directiva sería el 31 de diciembre de 2028.
La idea de regular por ley la paridad lleva décadas flotando en el aire. Ha habido propuestas, recomendaciones animando a la autorregulación, pero nada ha conseguido poner coto al desequilibrio que sigue existiendo y que hace que solo el 13,7% de los asientos en los consejos de administración -desde el 5% en Malta, Chipre, Italia o Portugal hasta el 25% de Suecia o Finlandia- estén ocupados por mujeres. De hecho, según alertaba la propia Reding en marzo pasado, con un avance anual del 0,6%, el registrado en los últimos años, se necesitarán nada menos que cuatro décadas, 40 años, para alcanzar el objetivo. "Personalmente no me gustan las cuotas pero si son el instrumento idóneo para alcanzar el objetivo que perseguimos, si es el camino, ese es el que seguiremos", advertía entonces.
Sin avances Un ultimátum en toda regla tras constatar la escasa mejoría lograda desde que en marzo de 2011 pidiera a las empresas que aumentaran voluntariamente el número de mujeres suscribiendo el compromiso de alcanzar el 30% en 2015 y al 40% en 2020. Hasta marzo de este año tan solo 24 empresas de toda Europa habían respondido afirmativamente a este requerimiento lo que llevó a Reding a ponerse en marcha de nuevo.
"No creo que haya que favorecer a las mujeres pero sí hay que darles una oportunidad. Hoy en día el 60% de las mujeres que se gradúan en la universidad son mujeres pero ese 60% no logran escalar en las empresas y terminan desapareciendo. No podemos permitirnos el lujo de perder este talento", advertía recientemente la comisaria en una entrevista. "Desgraciadamente, hay un techo de cristal y por eso solo el 12% de los miembros de los consejos de administración son mujeres. Tenemos una cuota del 88% de hombres. Hemos hecho muchos estudios y todos llegan a la misma conclusión. Un consejo de administración diverso hace mejores negocios y logra mejores resultados", defiende. En esta batalla la comisaria
El parlamento europeo, a favor Reding cuenta con un fiel aliado en toda esta batalla como es el Parlamento Europeo. En marzo de este año el pleno daba luz verde a un informe en el que pedía precisamente a la Comisión propuestas legislativas para alcanzar un 30% de representación femenina entre los altos directivos empresariales y un 40% en 2020. Aunque la verdadera guerra política se dará en el Consejo. Y es que, aunque el 75% de los ciudadanos europeos son partidarios de establecer leyes para garantizar la paridad en los consejos de administración de las empresas no son muchos los gobiernos que han adoptado medidas.
Entre los que sí lo han hecho están, por ejemplo, Noruega, Francia, Holanda, Italia, Bélgica y España. En el caso del Estado español la ley de igualdad de 2007 no obliga sino que solo recomienda a las sociedades del Ibex 35, con más de 250 trabajadores, a incluir el citado objetivo del 40% para 2015.
Según el último informe de la Comisión Europea, en enero de este año el porcentaje de mujeres en estos órganos de dirección en España alcanzaba el 11,5%, muy por debajo del 27,1% de Finlandia, 25,9% de Letonia, 25,2% de Suecia y 22,3% de Francia.
