melilla/madrid. Agentes de la Guardia Civil desalojaron en la madrugada de ayer a los 83 inmigrantes que permanecían en la pequeña isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, y entregaron a la gendarmería marroquí a la mayoría de ellos, informaron fuentes del Ministerio del Interior. No obstante varias ONG acusaron al Gobierno de haber incumplido la Ley de Extranjería.

Las mismas fuentes señalaron que son 73 las personas que fueron entregadas a Marruecos, cuya costa dista pocos metros del islote de soberanía española. España, por su parte, acogió en la noche del lunes a 10 inmigrantes-los más vulnerables, entre ellos ocho menores y dos mujeres-, en función del acuerdo previamente alcanzado en la noche del lunes entre los dos países para la evacuación y reparto de los inmigrantes llegados a Isla de Tierra la semana pasada.

Nada más llegar hasta la ciudad española del Norte de Africa-Melilla-, todos ellos fueron conducidos al Hospital Comarcal para conocer su estado de salud, en especial del bebé y de otro niño de 15 años que es diabético.

"éxito" El Gobierno resaltó ayer el "éxito" de la operación de desalojo de la Isla de Tierra, gracias a una actuación "modélica" de la Guardia Civil y a la "inestimable" colaboración de Marruecos.

La Delegación del Gobierno en Melilla felicitó a la Guardia Civil, "por su impecable operación", y agradeció nuevamente la cooperación marroquí, en especial la intervención del rey de Marruecos, Mohamed VI, por su actuación determinante para desbloquear una situación provocada por las mafias que trafican con seres humanos. Sin embargo, varias ONG acusaron ayer al Gobierno de haber violado la legislación española. Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo, recordaron que la norma española obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reúne los requisitos establecidos para acceder a territorio español, "hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte".

derechos humanos Además, según señalaron estas ONG, "no se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo y han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes". A su juicio, las autoridades españolas "deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o donde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos". "Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación", puntualizaron.