MAERID. Se trata de una de las medidas incluidas en la reforma de la ley de dependencia, aprobada por el Gobierno el pasado 13 de julio, que pretende fomentar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares.
El Gobierno abrió un plazo, que concluye hoy, para que las CCAA pudieran adaptar el procedimiento que permita esta reducción de al menos un 15 por ciento de la paga que percibían, que deberá ser compensado con servicios sociales, según han confirmado a Efe fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.
Además, las administraciones exigirán unos conocimiento mínimos a estos cuidadores no profesionales, mayoritariamente familiares, para concederles la asignación.
Para el Ejecutivo, los cambios en la legislación de la dependencia generará puestos de trabajo y servirán para proteger a los grandes dependientes.
Además, la reforma establece un nuevo sistema para calcular la aportación de los usuarios, en función de su renta y patrimonio, y simplifica el sistema en tres grados de dependencia.
Así, desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Respecto a la revisión del modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, los que ya cotizan no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine un nuevo régimen.
La reforma también plantea una nueva redistribución de los fondos que las CCAA reciben del Estado y beneficiará cada vez más aquellas personas que hayan apostado por la asistencia profesional.
Tras su aprobación, el PSOE lamentó medidas como la de elevar de seis meses a dos años el periodo de tramitación y concesión de las prestaciones porque "muchos dependientes van a estar muertos cuando reciban las ayudas".
Las principales organizaciones de personas dependientes han mostrado su rechazo a una reforma de la ley que se centre en el ahorro y los recortes de derechos y beneficios, y advierten de que lucharán por mantener los derechos alcanzados.
No obstante, defendían la necesidad de cambiar el anterior sistema que creaba "desigualdades" territoriales y que no respetaba el espíritu de la ley de primar los cuidados profesionales.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales cree que es "el recorte más canalla del Gobierno" y opina que supone "un atentado" contra las personas dependientes y sus familias.
También discrepan de la ampliación a dos años del plazo para resolver las ayudas por la elevada edad de los beneficiarios, ya que recuerda que más de 54 por ciento de los usuarios superan los 80 años.
