Vitoria. En unos pocos días -en cuanto sea técnicamente posible- los pensionistas vascos tendrán que empezar a pagar parte de sus medicamentos, mientras que el resto de los usuarios de Osakidetza también verán elevada su aportación actual al pago de recetas porque el Tribunal Constitucional ha cortado de raíz el intento del Gobierno Vasco de vetar la aplicación del copago farmacéutico en Euskadi.

El pasado 26 de junio y ante la decisión del Ejecutivo español de aplicar desde julio el modelo de copago farmacéutico, el Gobierno Vasco aprobó un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en el País Vasco", asegurando que estaba "amparado por la legislación vigente y avalado por su suficiencia financiera". Sin embargo, el Gobierno español no opinaba lo mismo y decidió presentar un recurso para declarar el conflicto positivo de competencias con el decreto del País Vasco que ahora ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Con esta decisión queda suspendida la vigencia y aplicación del decreto desde el día 20 de julio, fecha de interposición del conflicto, y la Administración vasca se ve obligada a aplicar las mismas medidas que el resto del Estado para reducir la factura sanitaria. No obstante, fuentes del Gobierno Vasco consideran que hay muchas probabilidades de que cuando entre en el fondo del asunto, el Constitucional termine fallando a favor y dando la razón a Lakua, ya que la medida arbitrada para impedir el copago "cuenta con suficiente soporte legal".

Acata con reservas Mientras llega ese fallo definitivo, el Gobierno Vasco está obligado a poner en marcha la medida estatal en cuanto le sea técnicamente posible, lo que se traducirá en la entrada en funcionamiento de tarjetas sanitarias con porcentajes de aportación asociados al nivel de renta de los usuarios. Fuentes de Osakidetza explicaron a DNA que esas medidas no se pueden poner en marcha de un día para otro, por lo que aún tendrá que transcurrir un plazo -sin concretar- hasta que el copago farmacéutico se empiece a aplicar en Euskadi. De hecho, el Gobierno Vasco afirmó ayer que "acata, aunque no comparte, la decisión del Tribunal Constitucional" de suspender cautelarmente el decreto y anunció que "la aplicación de las consecuencias de dicha suspensión se producirá cuando los sistemas de prescripción y dispensación farmacéutica de Osakidetza estén en condiciones de hacerlo".

Paralelamente, el Gobierno Vasco dice que ha comenzado a estudiar las fórmulas adecuadas para compensar el desembolso económico al que se vean obligados los colectivos sociales con menos recursos.

La decisión de recurrir la negativa vasca a aplicar el copago fue adoptada el pasado 13 de julio por el Consejo de Ministros, que también reprobó un acuerdo similar de la Junta de Andalucía. En el caso del conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno español contra el decreto vasco, el Ejecutivo cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, que entiende que la norma autonómica "contraviene" la básica del Estado.

Ayer el Gobierno Vasco reiteró "su posición contraria al copago por considerarlo socialmente injusto, ya que penaliza a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, y dañino para nuestro Sistema de Salud". En opinión del Ejecutivo, "esta medida de recorte que impone el pago de servicios de la sanidad pública a la ciudadanía no busca la sostenibilidad del sistema ni el equilibrio de las cuentas públicas, y reparte de forma injusta los sacrificios ante la crisis".

El Consejo de Ministros decidió recurrir tras conocer el dictamen del Consejo de Estado que constata que el decreto vasco "difiere" de la regulación estatal (decreto-ley 16/2012), tanto en la fijación del porcentaje de la aportación del usuario como en la relación de aquellos beneficiarios exentos, que es más amplia. El decreto-ley permite a las comunidades mejorar o ampliar las carteras autonómicas de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), explicó el Consejo de Estado. Estas carteras complementarias podrán incorporar técnicas, tecnología o procedimientos, pero "no parece que puedan ampliar la cobertura financiera de una prestación sujeta a copago conforme a las normas básicas del Estado", estimó el Consejo de Estado.

El Consejo atribuye al Estado "en exclusiva" la capacidad de definir la financiación del SNS e interpretó como "divergente" e "incompatible" con la legislación estatal la pretensión del decreto vasco de evitar que se retire la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Además, considera que las comunidades autónomas "carecen de competencias" para regular el derecho de acceso a las prestaciones sanitarias, lo que, según su criterio, corresponde al Estado.

También en Catalunya En el Estado español se viene aplicando el copago farmacéutico desde el 1 de julio, con las excepciones del País Vasco, Andalucía y Catalunya. Las farmacias de esta última comunidad autónoma dejarán de diferir el copago de medicamentos y empezarán a cobrar los nuevos precios en el momento de la dispensación a todos los usuarios, excepto los pensionistas, a partir del 1 de agosto, según anunció ayer la Generalitat, que ante el poco margen para adecuar los sistemas informáticos optó por aplazar el cobro del copago en función de la renta. De esta manera, los usuarios de Catalunya que a lo largo del mes de julio han retirado un medicamento con receta no han abonado la aportación que les toca en función del nuevo sistema pero les ha quedado pendiente de cobro y la abonarán en septiembre.

No recurrirá El Defensor del Pueblo no recurrirá el real decreto-ley de reforma de la sanidad, que establece el copago farmacéutico, aunque ha pedido medidas complementarias, entre ellas las que aseguren la protección de la salud a los colectivos más vulnerables. Esta institución ha decidido no tener en cuenta dos escritos de queja, uno presentado por el Sindicato de Enfermería (SATSE) de manera individual y el otro junto con CCAA, UGT y CSI-F, argumentando que no encuentra fundamentos jurídicos suficientes, informó ayer el sindicato de los enfermeros.