Vitoria. ¿Habrá un frente unánime? Las instituciones vascas prevén reunirse este próximo viernes para tratar de acercar posturas y adoptar una común en torno a los recortes anunciados por el Gobierno central en materia de dependencia, según explicaron fuentes de las administraciones implicadas.

Entre las medidas de ajuste aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentra la reforma de la Ley de Dependencia, dirigida, entre otras actuaciones, a que la paga a los familiares cuidadores se reduzca un 15%. En Euskadi hay 22.000 cuidadores familiares, la mayoría dados de alta en la Seguridad Social.

En el País Vasco, la capacidad normativa sobre esta materia reside en el gobierno autonómico, pero son las diputaciones las encargadas de ejecutar y dotar presupuestariamente la ayudas destinadas a este fin. Además, las diputaciones y el Gobierno, dirigidos por partidos distintos, no mantienen un criterio compartido sobre la aplicación o no de los ajustes del Ejecutivo central.

Pero las administraciones vascas tendrán oportunidad de poner en común sus posicionamientos sobre esta reforma normativa en la reunión que celebrará el próximo viernes el Órgano Interinstitucional Vasco de Servicios Sociales, en el que también tienen representación los ayuntamientos de Euskadi. La reunión no está convocada específicamente para abordar la nueva Ley de Dependencia, pero éste sí que es uno de sus puntos del orden del día.

El objetivo es tratar de adoptar una postura común, aunque esta posibilidad se contempla complicada, una vez escuchadas las primeras reacciones de diputaciones y del Ejecutivo vasco ante las intenciones del Gobierno central.

Por entidades Así, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ya ha pedido a las diputaciones que no apliquen la reforma porque ésta, a su juicio, "pone en crisis" el modelo de cuidados en el domicilio que se desarrolla en Euskadi, aumenta el copago de las personas dependientes y destruye el empleo en los servicios de ayuda a domicilio.

Gipuzkoa ya ha adelantado que no aplicará esta reforma, tal y como ha anunciado su diputado de Política Social, Ander Rodríguez, de Bildu. En el mismo sentido, la Diputación vizcaína, gobernada por el PNV, también critica esta medida, que además tacha de "invasión competencial". Y, finalmente, la institución foral alavesa, dirigida por el popular Javier de Andrés, no se ha pronunciado oficialmente sobre este ajuste, pero ya ha recordado al Gobierno Vasco que las competentes en el mismo son las diputaciones.