vitoria. La reforma de la Ley de Dependencia que plantea el Gobierno central ha provocado la última brecha de importancia entre el Ejecutivo autonómico y la Diputación alavesa. El motivo no es otro que la propuesta de la consejera vasca de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, de destinar en exclusiva la recaudación de determinados impuestos, como el de sucesiones o el de donaciones, al mantenimiento y la expansión de una ley que también se ve amenazada por los duros recortes. Una propuesta de revisión de la fiscalidad en la que también insistió ayer la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, y que se ganó las feroces críticas de Javier de Andrés tras el consejo de diputados.

El diputado general de Álava, que no entró a valorar el contenido de la reforma planteada desde Madrid -la ministra Ana Mato la explicó a los consejeros autonómicos horas después-, recordó al Ejecutivo autonómico que "no tiene competencia en materia fiscal" y tildó esta maniobra como algo que "tiene mucho de campaña electoral y no tiene sentido". De Andrés recordó que los impuestos finalistas no están admitidos en la Unión Europea y cargó contra el lehendakari, Patxi López, por "insistente y machaconamente quererse cargar las competencias de las diputaciones forales". De Andrés, con todo, recordó que la propuesta que ponga sobre la mesa Mato será "de mínimos" y la Diputación decidirá "internamente" hasta dónde puede llegar en su aplicación.

Zabaleta, antes de entrar al encuentro de Madrid, insistió en que la propuesta de el Ejecutivo central pretende "dinamitar" la ley. Según las primeras informaciones, recogidas por la agencia Efe, el Gobierno reducirá un 15 % la paga a los cuidadores familiares de personas dependientes y dejará de hacerse cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales que se incorporen desde ahora al sistema.