Vitoria. Siguen corriendo ríos de tinta para determinar si la exploración y explotación, si procede, del gas esquisto que se presume existe bajo el subsuelo alavés debe llevarse a cabo o no. En medio de la polémica social y del entramado burocrático, las instituciones siguen al detalle el proceso y buscan los argumentos necesarios para conseguir sus fines. El interés de este proyecto ha llegado a tal punto por su proyección que incluso Europa se encuentra ya al tanto de lo que sucede en el territorio histórico. No en vano, la Comisión Europea ha recordado en un escrito del pasado 28 de junio que "los proyectos de hidrocarburos convencionales, incluidos los de prospección y exploración, estarían sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA) si no puede confirmarse, a la luz de una información objetiva, que no van a tener repercusiones ambientales importantes".
Así lo explica el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en una respuesta a las preguntas formuladas por la eurodiputada Ana Miranda sobre la EIA en proyectos de fractura hidráulica. En sus cuestiones, Miranda se refería al proyecto Enara-16, donde asegura se harán trabajos de prospección sin haberse realizado previamente la evaluación, a pesar de que el Parlamento Vasco resolvió instar a Lakua a realizarla.
La respuesta de la Comisión Europea va, incluso, más allá y determina que "en caso de duda" sobre la existencia de efectos significativos también debe efectuarse dicho informe. Por otro lado, también apunta a que los proyectos de perforación a gran profundidad están sujetos al control de las autoridades competentes y que la directiva se refiere a "los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y no a proyectos concretos". Y concluye que la Comisión seguirá recabando información de las autoridades españolas sobre el proyecto en sí.
De esta forma, se podría entender que la Comisión refiere la necesidad de realizar la evaluación del proyecto total denominado Gran Enara y no de algunas de sus zonas. El plan contempla la posible existencia de gas no convencional en el subsuelo alavés como parte de una zona de 1.400 kilómetros cuadrados, donde a 2.000 metros de profundidad se encuentran unas reservas de gas de esquisto de 184,5 bcm. Una de las problemáticas principales se centra en que sobre esa zona se ubica el acuífero de Subijana, situado a 400 metros de profundidad, que podría verse contaminado por filtraciones derivadas del método de fractura hidráulica.
Ésta no es la primera vez que Europa prevé sobre la necesaria prudencia acerca de las supuestas bondades de este método. Y es que, a pesar de que el Gobierno Vasco ha reiterado la seguridad del mismo y el gran rendimiento económico que su explotación podría suponer, el Parlamento Europeo ya advirtió el mes pasado que podía no ser oro todo lo que reluce. De hecho, el informe alertaba de que estos pozos de fracking pueden ofrecer producciones espectaculares en sus primeros años, pero luego éstas declinan considerablemente.
La pugna por llevar adelante este proyecto se ha trasladado también a las instituciones que juegan sus cartas para promocionar o frenar el desarrollo de los sondeos. Así las cosas, en el caso de los dos permisos de exploración de Subijana de Álava, Industria solicitó al ministerio homónimo y al de Medio Ambiente los permisos necesarios para operar allí, detrás del hotel Ruta de Europa. Según explicaron en su día fuentes del Departamento a este periódico, en Madrid se consideró que los impactos medioambientales serían "insignificantes" y se dio vía libre para actuar a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y a sus dos socios americanos, Heyco y Cambria. Pero entonces Lakua chocó con el Ayuntamiento de Vitoria, contrario abiertamente al fracking y encargado de dar la licencia de obra. El Consistorio permite la exploración, pero no la explotación, en la ubicación sugerida, pero lo hace apelando a sus normas subsidiarias, al ámbito urbanístico, única materia en la que es competente.
La denegación de la licencia de obra exige recabar de nuevo el visto bueno de los ministerios de Industria y Medio Ambiente del Gobierno central y reiniciar un procedimiento administrativo que se inició en 2005. Así, a día de hoy, un permiso del Gobierno central que ya estaba concedido en 2011 se encuentra en fase de consultas, lo que hace prácticamente imposible abrir los pozos a finales de 2012, como se pensaba, y ha obligado a Shesa a pedir una prórroga del permiso de investigación que expira este mismo año.
Dictamen de Bildu Por su parte, los técnicos de Medio Ambiente de la Diputación han respaldado a sus colegas de Vitoria, pese a que la institución foral es, en principio, partidaria de la implantación de esta técnica en el territorio. Mientras tanto, las Juntas Generales votarán, probablemente en el Pleno del próximo día 16, un dictamen impulsado por Bildu para que en la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza que se está debatiendo en el Parlamento Vasco se reciba a una comitiva de junteros que consiga la inclusión de una disposición que prohiba la exploración y explotación de gas no convencional en el territorio.
