Vitoria. Las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el diputado foral de Administración Local, Javier Ruiz de Arbulo, han levantado ampollas entre los grupos de la oposición. Los alcaldes de los ayuntamientos gobernados por el PNV y los representantes en las Juntas Generales del grupo socialista arremetieron ayer de nuevo contra las manifestaciones realizadas por el representante del PP en las que hablaba de la situación de quiebra de más de una decena de municipios y le conminaron a rectificar sus palabras. La portavoz del PSE en las Juntas, Cristina González consideró que las afirmaciones de Ruiz de Arbulo "responden a una estrategia del PP para privatizar y recortar los servicios públicos".

El comunicado conjunto difundido ayer por los primeros ediles alaveses del PNV, acusa al diputado popular de incurrir en una "falta de respeto institucional al airear en público asuntos que corresponde tratar de manera privada en el seno de un Consejo Territorial de Finanzas para analizar la situación económico-financiera de los municipios". Además, lamentaron que la Diputación hable de quiebra sin aportar datos que lo confirmen e instaron al gobierno foral a, en sucesivas ocasiones, "aportar documentación que soporte las conclusiones que expone públicamente, ya que de lo contrario podrían considerarse gratuitas y carentes de veracidad". Finalmente, recordaron que el papel de la Diputación debe ser el de amparar y no el de desacreditar la legitimidad de los poderes locales como instituciones prestadoras de servicios a la ciudadanía.

"torpes e irresponsables" González fue más allá y, tras calificar de "torpes e irresponsables" las manifestaciones de Ruiz de Arbulo, indicó que "crean alarma social sin estar contrastadas" y tienen como fin "crear preocupación entre la ciudadanía alavesa para aplicar su política de recortes y privatización como respuesta a una situación crítica". "Los datos reales -agregó- no coinciden con lo expresado por el diputado". González puso como ejemplo el Ayuntamiento de Ribera Baja, uno de los diez presuntamente en quiebra, y explicó que aunque su remanente de tesorería sea negativo en 109.183 euros, sus cuentas están saneadas ya que el informe del interventor asegura que la ejecución del gasto ha respetado el crédito disponible. De hecho, cuenta con 101.000 euros en efectivo.