E N 2010 el Parlamento Vasco aprobó la introducción de un párrafo en la Ley de Conservación de la Naturaleza en el que vetaba sin contemplaciones la práctica de la minería en áreas protegidas, con la intención de frenar la actividad en canteras como Zalloventa, en el Parque Natural de Urkiola; o Peña Forua, en Urdaibai. "Dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea", rezaba el párrafo añadido al punto cuarto del artículo 17 de la Ley.

Las empresas que explotan las canteras se aferraron a la Ley estatal de Minas -Euskadi carece de legislación al respecto- para declarar la ilegalidad de la modificación. Reclamaron, en total, 23,1 millones de euros al Gobierno Vasco como compensación por el perjuicio causado, una exigencia que el Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo de Patxi López rechazó en marzo pasado, pese a que ya antes hubo que abonar 9 millones de euros a los titulares de Zalloventa tras una derrota del Gobierno Vasco en los tribunales.

El Gabinete López aseguraba que estas firmas no tenían autorizaciones previas sobre las que reclamar, y en algún caso ni siquiera un proyecto que la modificación de la Ley hubiera frenado. El punto cuarto del artículo 17, así, ponía coto a la actividad futura de las cantereras pero no vulneraba sus derechos, a juicio del Gobierno.

A pesar de ello se decidió dejar que éstas prosiguieran su actividad en parques naturales, reservas de la biosfera o espacios de la Red Natura 2000 si se comprometían a dejar la zona tal cual estaba antes de empezar a barrenar, ante el peligro de que finalmente hubiera que hacer frente al pago de los 23 millones y a posteriores demandas que pudiera recibir el Gobierno. Los grupos del PSE y el PP en el Parlamento propusieron al Ejecutivo autónomo modificar dicho párrafo y dar vía libre a la actividad de las cantereras en espacios naturales en las condiciones antes mencionadas. El Gobierno aceptó y el asunto se debate hoy en el Pleno de la Cámara.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo abre un coladero legal para permitir el arranque sin trabas medioambientales del gran proyecto económico de la legislatura, la aplicación de la tecnología en la que las grandes empresas energéticas han depositado sus esperanzas de futuro y que supondrá la congelación del impulso a las renovables que el mundo occidental había iniciado con más o menos fortuna. El fracking, la fractura hidráulica, permite rebañar gas y petróleo allí donde antes no se podía, y resulta que en Álava hay millones de metros cúbicos encerrados entre rocas impermeables que hay que romper para dar salida al combustible.

El Departamento de Industria quiere calibrar la dimensión del negocio mediante dos sondeos ubicados en el área de influencia del futuro Parque Natural de los Montes de Vitoria, pero la legislación impedía hacerlo, hasta que socialistas y populares decidieron cambiar la Ley. El mismo día en que el Gobierno comunicaba al Parlamento que daba vía libre al cambio legal que permitiría seguir operando a las cantereras en espacios protegidos bajo la supervisión de Lakua, el director de Energía del Gobierno Vasco aseguraba tajante en las Juntas Generales alavesas que nada en la legislación impedía introducir el fracking en un Parque Natural. Efectivamente, ya no.

La responsable de Medio Ambiente del grupo socialista en el Parlamento, Natalia Rojo, insiste en que la finalidad de la proposición de Ley firmada con el PP es evitar que el erario público tenga que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones a empresas que, además, han causado importantes perjuicios medioambientales en áreas protegidas como el Parque de Urkiola o Urdaibai.

Así, la modificación legal pretende evitar que la administración salga escaldada de los tribunales, delegando en el Gobierno Vasco la potestad de aminorar la actividad extractiva o frenarla si el entorno se resiente. Ante un eventual daño al medio ambiente, el Ejecutivo tendría un arma para actuar contra los promotores privados.

gobierno promotor Sin embargo, en el caso del fracking, el propio Gobierno Vasco es el promotor del proyecto, como se insiste en recordar desde el Departamento de Industria, que trata de revertir así el recelo social ante la llegada de inversores americanos poco o nada preocupados por los espacios naturales de una remota provincia del sur de Europa. Por ello, de resultar inasumible para los Montes de Vitoria la actividad en los sondeos Enara 1 y 2, el Departamento de Medio Ambiente tendría que llamar al orden al de Industria y los vascos se encontrarían ante una lucha de poder dentro del Consejo de Gobierno.

Está por ver si a día de hoy hay o no hay discrepancias en el seno de los poderes públicos con respecto a la aplicación en Álava de esta controvertida técnica minera, pero lo cierto es que dentro del propio partido que promueve el proyecto ahora -la idea de explotar el gas pizarra en Álava viene de muy antiguo, del siglo pasado- no hay todavía una postura común que defender.

Los socialistas vascos creen necesario abrir las catas de Subijana para saber si hay rentabilidad económica, posibilidad técnica y garantías ambientales al aplicar esta técnica, y si no se cumplen estas condiciones afirman que paralizarán el proyecto.

En cambio, para el PSOE castellano leonés, oposición en la comunidad vecina, "se trata de una técnica muy agresiva que ha sido cuestionada en varios países y que preocupa a la población". Otro ejemplo, los socialistas del burgalés Valle de Tobalina declararon el municipio libre de fracking junto con PP y la plataforma Vivir en Tobalina.

Por todo ello, ayer se celebró en la sede de Ferraz una primera reunión de los representantes socialistas de las diferentes comunidades autónomas para debatir sobre una técnica que ha sorprendido a la opinión pública, no sólo en Euskadi, sino en toda Europa, con el pie cambiado y los proyectos prácticamente atados.