vitoria. Los recortes aprobados ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno español desplazaron en interés al terrorismo en el Parlamento Vasco, el día en que se cumplían seis meses desde que ETA anunciase el fin de su actividad armada. Tras la ambigüedad de los últimos días, todas las miradas estaban puestas en la respuesta del lehendakari, Patxi López, al mayor golpe infligido a la espina dorsal del Estado del Bienestar: la sanidad y la educación. Según López, el Ejecutivo vasco "no será insumiso" y aplicará todos los recortes que sean de aplicación obligatoria, a la vez que recurrirá todas aquellas medidas que invadan competencias autonómicas.
El lehendakari, socialista, eligió un mal día para decir que no será insumiso, asumiendo que plegará velas ante el Gobierno del PP. Y es que, la presidenta de Madrid, la popular Esperanza Agirre, dijo que iba a pasar "a la insumisión" contra el Ministerio de Educación por un motivo mucho menos trascentental que los graves recortes con los que el Gobierno Rajoy pretende ahorrar 10.000 millones de euros: la contratación de profesores nativos de inglés para las escuelas bilingües madrileñas.
La respuesta de López no ha satisfecho a los sindicatos vascos, que volvieron a reclamar del Gobierno socialista que no aplique ninguno de los recortes planteados por el Ejecutivo español para ahorrar 10.000 millones de euros y que, entre otras cuestiones, generarán la masificación de las aulas en la enseñanza obligatoria, encarecerá el acceso a la universidad y condenará en dos meses a los pensionistas al copago de los fármacos. Por no hablar, de que con el cambio de la Ley de Extranjería se pretende abolir la sanidad universal, negando la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin papeles.
Por ejemplo, STEE-EILAS aseguró que el Gobierno vasco "no tiene credibilidad" en cuanto a la defensa del Estado del Bienestar y la salvaguarda de las competencias hasta que las palabras del lehendakari "no se plasmen en hechos". Por su parte la Federación de Enseñanza de CCOO anunció que recurrirá en los tribunales y denunciará ante el Defensor del Pueblo el Real Decreto-Ley de medidas educativas urgentes aprobado por el Gobierno para que las comunidades autónomas puedan ahorrar 3.000 millones de euros. "Los recortes derrumban el sistema educativo, atacan la igualdad de oportunidades y destruye más de 100.000 empleos docentes", asegura en un comunicado.
Además, los sindicatos mayoritarios han convocado manifestaciones el próximo día 29 para defender los servicios públicos, y tacharon de "estado de emergencia económico y social" la situación actual. Varias organizaciones estudiantiles, espoleadas por la anunciada subida de tasas universitarias, han convocado además una jornada de "huelga estudiantil" para el próximo 10 de mayo.
Y ante el clamoroso malestar social existente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría no tuvo por más que admitir ayer que las medidas aprobadas por el Gobierno son "difíciles" y que llegan en "un momento difícil", pero subrayó que el esfuerzo es "imprescindible" para mantener el Estado del Bienestar. Y en este sentido señaló: "Agradecemos el esfuerzo del pueblo español, de todos los españoles, el esfuerzo inmenso que estamos haciendo por cumplir, por ajustar nuestras cuentas para mantener nuestro estado del bienestar y poder salir de la crisis".
