MADRID. El Partido Popular intentó ayer por todos los medios defender las bondades del copago de los medicamentos y minimizar sus efectos. De hecho, lanzará una campaña publicitaria para intentar vender este nuevo ajuste. Si ya el miércoles la ministra de Sanidad, Ana Mato, rechazó la palabra ajustes o recorte y lo vendió como un "efecto disuasorio", ayer el consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, dio una vuelta de tuerca más y señaló que la reforma encaminada a implantar el copago de medicamentos supone para los pensionistas "cuatro cafés al mes".

"Al pensionista que más le va a costar las medicinas al cabo del mes va a ser ocho euros, que son cuatro cafés, un café a la semana, 0,20 céntimos al día. Desde el punto de vista recaudatorio es una medida muy menor", explicó en una entrevista a la COPE, recogida por Europa Press. Entiende que es un mecanismo necesario en "unos momentos tremendamente difíciles" para el sistema sanitario público, que "evita la introducción del copago en los servicios sanitarios".

"La gestión de los servicios sanitarios tienen graves problemas económicos para llegar a final de mes y con problemas para seguir prestando con normalidad los servicios sanitarios, no solo el farmacéutico", añadió. Por otra parte, Echániz cree que la puesta en marcha de los nuevos baremos va a ser "muy ágil y rápida". "Mañana-por hoy- la va a aprobar el Consejo de Ministros y entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE. Las Comunidades Autonómas, con la llamada receta electrónica, la van a poder poner en marcha en muy poco tiempo", explicó el consejero del Gobierno de Cospedal.

Además, manifestó que "no tiene un afán recaudatorio sino disuasorio porque cada año se tiran a la basura 3.700 toneladas de medicamentos sin abrir"; y, en este ámbito, adelantó que el Gobierno obligará a los laboratorios a fabricar cajas con menos dosis, adecuadas a los tratamientos prescritos.

los farmacéuticos, contentos Mientras, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) valoró ayer el copago de medicamentos, acordado por el Gobierno Rajoy, aunque considera "bastante complicado" su aplicación, ya que afecta a "datos sensibles" de los usuarios como es su nivel de renta. Los representantes de los farmacéuticos han advertido de que el incumplimiento de las mismas podría derivar en una situación de inseguridad jurídica y de discriminación entre los ciudadanos, "que nadie deseamos". El presidente en funciones de FEFE, Juan Vacas, apeló a la lealtad institucional de todas las administraciones públicas y recordó que aunque Andalucía no suscribió el acuerdo se ha comprometido a cumplirlo.

Respecto a la aplicación práctica del "copago", la vicepresidenta, Isabel Vallejo, insistió en la complicación de su puesta en marcha. "Existe mucha diversidad en las propuestas, por lo que puede ser un sistema laborioso", que pilotará el Ministerio de Hacienda al afectar directamente a las rentas de los ciudadanos, señaló Vallejo.

"Queremos que su puesta en marcha sea lo más factible y los más segura posible para los ciudadanos", dijo. Vacas aplaudió que el Gobierno haya visto que las medidas sobre la oferta están agotadas, por lo que las iniciativas acordadas se centran esta vez en la demanda.

En coincidencia con la ministra de Sanidad, Ana Mato, Vallejo incidió en que el "copago" en función de la renta no es una medida recaudatoria, sino disuasoria.

"No es aquí donde se va a solucionar el problema de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero si puede tener repercusión en una utilización más adecuada de los medicamentos", apuntó. No obstante, aseguró que a los farmacéuticos la medida no les perjudica, aunque tampoco les beneficia.