Durante los años de bonanza económica, los ayuntamientos alaveses obtuvieron ingresos ligados a la actividad económica procedentes de las licencias de obras o de las plusvalías. Unas rentas que entonces se antojaban eternas y que se dedicaron en gran medida a la financiación del gasto corriente y estructural de las corporaciones. "Al caer estos ingresos, ha aflorado un déficit estructural que se debe corregir para que puedan continuar con el desarrollo de su actividad", explica Pedro María Olaeta, director general de la empresa Ingeinnova, una de las principales ingenierías europeas dedicada a sectores punteros como la automoción y las energías renovables. Las arcas de un total de 16 municipios del territorio, encabezados por Agurain y Laguardia, se tambalean ante un nivel crítico de deuda, aunque Llodio, que tras reconducir su negativa situación a base de un estricto plan de saneamiento ha alcanzado un estatus saneado, es la prueba de que existe luz al final del túnel.
Las leyes que impiden que las corporaciones recurran a créditos públicos o privados a largo plazo han provocado que las operaciones municipales de financiación con los proveedores, que han de cancelarse al 31 de diciembre, se estén resolviendo mediante retrasos en los pagos, "lo que además de no resolver el déficit estructural, provoca destrucción de empleo y de tejido empresarial".
Olaeta destaca que el problema que surge en este ámbito de actividad, el municipal, es "de déficit estructural, que además repercute en el tejido empresarial y en el empleo". Por ello, propone la adopción de iniciativas tecnocráticas, "siempre que se preserve que la democracia significa capacidad de decidir y que las medidas que se pretendan tomar deben ayudar a profundizar la democracia y no colaborar en el deterioro de la misma". "La crisis -valora-, en último extremo, es política, y sus soluciones son políticas, no técnicas, y no deben ser gestionadas por tecnócratas, sino por los ciudadanos y donde ellos lo decidan por sus representantes legítimos".
Olaeta toma el Ayuntamiento de Llodio como punto de partida por tratarse de un "buen ejemplo a estudiar para las corporaciones alavesas que se encuentran en la dramática situación descrita". En líneas generales, las alternativas que el experto plantea son que el Gobierno Vasco constituya un fondo de titulización de la deuda de las corporaciones locales, a la vista de que las diputaciones se encuentran en una situación complicada. "Así, el Ejecutivo podría pagar la deuda de los ayuntamientos mediante deuda que tendría como garantía a cada una de las corporaciones locales por el importe correspondiente, siempre que los vecinos del Ayuntamiento aceptaran voluntariamente la ejecución de un plan de viabilidad que permita amortizar la deuda al fondo de titulización". En opinión del director general de Ingeinnova, este fondo debería ser el gestor tecnocrático que negocie la cancelación de la deuda con los acreedores, pagando solamente a aquellos que acepten la quita.
Paralelamente, Olaeta plantea auditar las cuentas anuales y pedir responsabilidades en los casos en los que se pueda demostrar una mala administración con incumplimiento de las leyes, dolo o mala fe, "donde los vecinos puedan recurrir a los tribunales en reclamación civil y penal de los fondos municipales despilfarrados". Además, aboga por implantar un plan de viabilidad elaborado por cada ayuntamiento con el apoyo del fondo para conseguir el equilibrio presupuestario entre los gastos corrientes, las necesidades de inversión y los ingresos corrientes, "con indicación expresa de los recursos que el Ayuntamiento va a comprometer para la amortización de la deuda con el fondo, incluyendo necesariamente las subvenciones que recibe de los otros agentes institucionales".
Bajo la premisa de recortar los gastos corrientes, Olaeta sitúa dentro del marco de este estudio las adaptaciones de las plantillas a la escala de cada municipio, así como "la rotación de funciones y responsabilidades entre distintas corporaciones locales, copiar de los concejos los conceptos de trabajo comunitario no retribuidoo auzolan, entre otras". A partir de las corporaciones saneadas, insta a elaborar una serie de indicadores de eficacia, eficiencia, función social y satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas sobre los servicios prestados.
La ciudadanía jugaría un papel fundamental dentro de la hoja de ruta dibujada por el experto, quien plantea someter el plan de viabilidad a su aprobación por los vecinos en plebiscito "en cuanto tiene de pérdida de soberanía municipal y por tanto de pérdida de soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de cada ayuntamiento".
Otro paso necesario sería que Lakua realizara un seguimiento de la ejecución del plan, "en el que las corporaciones locales den explicaciones de las posibles desviaciones sobre los indicadores previstos, de forma que en caso de incumplimiento o desviación grave los técnicos del fondo y del Ejecutivo autonómico puedan establecer unas nuevas medidas correctoras y someterlas a votación, iniciando el fondo y los vecinos del municipio un procedimiento orientado a la inhabilitación de los miembros de la corporación para administrar fondos públicos por un plazo de cinco años". Al iniciarse el procedimiento de inhabilitación se debería observar, de forma cautelar, que ninguno de los afectados pueda ser candidato en la elección de cargo público.
A partir de la aplicación de esta batería de medidas, Pedro María Olaeta entiende que se lograríanvarios efectos inmediatos. El primero de ellos sería que las corporaciones locales podrían hacer frente a sus compromisos actuales y disponer de un plan elaborado por técnicos y aprobado por los vecinos para poder volver a la normalidad en un plazo de tiempo razonable, recuperando su soberanía de acuerdo al cumplimento del plan. Asímismo, se aportaría liquidez al tejido empresarial facilitando que las empresas acreedoras de las corporaciones locales puedan desarrollar su actividad económica en esta etapa de crisis de liquidez.
El objetivo de los consistorios alaveses presionados por el endeudamiento debe ser la restauración del rigor presupuestario y el control del gasto. Una meta que, a día de hoy y de acuerdo con la visión de los analistas, pasa inevitablemente por la intervención de instituciones superiores. En este caso, de Lakua.
