Vitoria. El peregrinaje legal y social iniciado por los cooperativistas afectados por el caso Gestnorte XXI aborda nuevas etapas en su andadura. Hoy, los integrantes de las cooperativas vinculadas al proceso volverán a alzar su voz desde el centro de Vitoria para reclamar que se les reconozcan sus derechos y, sobretodo, para que se haga justicia. "Hemos decidido volver a concentrarnos para que todo el mundo vea que no nos damos por vencidos y que vamos a llegar hasta el final cueste lo que cueste", señalaron ayer los portavoces del movimiento ciudadano.

La concentración dará comienzo a las 12.00 horas en la Virgen Blanca, un escenario que ya conocen de movilizaciones anteriores en las que han aprovechado para reclamar justicia y responsabilizar de la por el momento supuesta estafa sufrida a los responsables de la firma gestora Gestnorte XXI, los hermanos Estívariz Iñarritu, a quienes la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava acusa en los juzgados de los presuntos delitos de estafa, falsificación en documento mercantil, coacciones graves o amenazas y un también de un supuesto delito societario. Además de las acciones legales emprendidas contra la gestora, el colectivo también ha actuado contra el resto de las empresas que se encuentran bajo el control de los hermanos Estívariz Iñarritu: Estbar Arquitectura y la constructora Bernedo. "Esta vez queremos centrar toda nuestra atención en la Justicia, por eso el lema principal de la concentración será Justicia para las cooperativas de vivienda - Justizia etxebizitza kooperatibentzako", manifestaron los representantes de los cooperativistas.

De cara a la realización de esta nueva concentración, los participantes en la protesta han decidido realizar un reparto simbólico de 300 pintxos de chorizo a la sidra. "Cada pintxo -indicaron los promotores de la iniciativa- llevará un cartelito informativo con el lema pintxo de chorizos Gestnorte XXI y una breve explicación de nuestro caso para que todo el mundo que coja uno se pueda informar de la situación que estamos padeciendo los más de 300 afectados por la supuesta estafa".

Los portavoces de los socios y exsocios de las cooperativas Bustablado, Arkayate, Gardiluya, Kakiturri, Menditxaga y Gesaltza, animaron a todos los perjudicados por la actual situación a tomar parte en el acto que tiene lugar este mediodía al tiempo que les pidieron paciencia para que los procesos aún pendientes se vayan resolviendo poco a poco ante los tribunales. "Está siendo largo, muy largo pero sabemos que vamos a vencer por un sencillo motivo: tenemos la razón", subrayaron ayer.

Fiscalía Los procesos legales promovidos por los afectados contra el entramado de empresas de los hermanos Estívariz Iñarritu también sigue adelante en los juzgados de Vitoria. Las últimas informaciones surgidas en este ámbito indican que la Fiscalía alavesa hará todo lo legalmente posible para procesar a ambos y aunque la magistrada del Juzgado de Instrucción número uno de Vitoria decidió sobreseer provisionalmente las diligencias previas y desestimó un primer recurso contra el archivo del proceso, la fiscal encargada del caso está a la espera de que la Audiencia Provincial se posicione con respecto al último recurso tramitado para reclamar que la causa siga adelante. El ministerio fiscal entiende que existen suficientes indicios de delito para enjuiciar a los hermanos.

Los denunciantes indican que se les han negado información, que fueron engañadospara abonar unas cantidades que de otro modo no hubieran efectuado, que se vieron obligados a abonar un sobreprecio por sus viviendas pese a que presentan defectos de ejecución y proyecto, que existió autocontratación entre las empresas que poseen los denunciados, que se ha cometido un delito de falsedad en documento mercantil ya que las firmas que aparecen en los contratos y en las actas no son las de los miembros del Consejo Rector y, finalmente, acusan a una tercera persona, Oscar Elejalde, de un supuesto delito de coacciones graves. Para aclarar este último punto, explican que los socios se veían obligados a firmar documentos bajo la amenaza de que si no lo hacían perderían su condición de adjudicatarios y, por tanto, las cantidades entregadas ya a cuenta.