MADRID. El presidente de la ONG, dedicada a proyectos de ayuda al pueblo palestino, Julio Rodríguez Bueno, ha permanecido dentro de la sede mientras un cerrajero cambiaba la cerradura y la comisión ordenaba a una empresa de mudanzas que vaciara el inmueble bajo la vigilancia de varios agentes de la Policía Municipal.
"No hemos conseguido negociar nada para evitar el desahucio; los policías no dejan subir a nadie", ha indicado la abogada de la ONG, Pilar Rodríguez Bueno, quien ha explicado que han pedido a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que les cedan un local "gratis o barato" para seguir con los proyectos en marcha.
"También estamos buscando que otras asociaciones nos dejen un hueco para estar; se trata de buscar otro domicilio social económico y cuando haya dinero pagar la deuda que tenemos aquí", ha señalado la letrada a los medios de comunicación concentrados frente al número 80 de la calle Princesa.
La ONG consiguió aplazar el desahucio el pasado 13 de septiembre, después de que una comisión judicial comunicara que había un grupo de personas en el portal que se oponían a esta medida.
La Policía Municipal ha despejado hoy el camino a los miembros del juzgado para que pudieran acceder al portal, ante la resistencia de cinco personas, que han intentado bloquear la puerta, y que han proferido gritos, como "resistencia pacífica" y "no a la violencia".
El diputado madrileño de IU Mauricio Valiente, quien ha querido respaldar con su presencia a esta ONG, ha lamentado que los problemas económicos de las administraciones estén repercutiendo en los proyectos solidarios de las organizaciones.
"En tiempo de crisis, la cooperación es más necesaria que nunca y este caso es el reflejo de una situación que están viviendo muchas organizaciones por falta de pago de las administraciones, lo que provoca que sus trabajadores vivan en una precariedad tremenda y que la cooperación se esté poniendo en peligro", ha opinado.
El presidente de la ONG ha mostrado su intención de pagar las deudas cuando reciba las subvenciones pendientes de cobrar, por parte del Gobierno vasco, del Parlamento andaluz, y de varias Diputaciones provinciales.
