Vitoria. Poco ha tardado Nuclenor, empresa responsable de la gestión de la planta nuclear de Santa María de Garoña, en defender la continuidad del recinto. Desde que hace escasas semanas la Audiencia Nacional decidiera bendecir la decisión de cerrar la central en 2013, la compañía y su gabinete jurídico han trabajado a destajo para preparar su contraataque y continuar así con la lucha por mantener el recinto burgalés a pleno funcionamiento más allá de la fecha estipulada por el Gobierno central. Tantos desvelos y esfuerzos ya tienen válvula de escape. La empresa y sus abogados presentarán en breve un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. ¿El objetivo? Sencillo, lograr un auto que les permita seguir operando en la central nuclear más vieja del Estado y que se conoce como la de las mil grietas.

En ese sentido, el responsable de relaciones externas de la compañía, Antonio Cornadó, explicó que un equipo de abogados prepara ya el recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras una decisión unánime del Consejo de Administración de Nuclenor, empresa con capital repartido a partes iguales entre Iberdrola y Endesa.

Pese a la decisión en firme, aún hay circunstancias que se deben aclarar. Entre ellas, según Cornadó, si se solicitará la suspensión cautelar de la orden de cierre, ante la posibilidad de que la resolución del Tribunal Supremo llegue después de esa fecha. En todo caso, el directivo afirmó en declaraciones a la Agencia Efe que, según el equipo de abogados, la sentencia de la Audiencia Nacional no descarta las razones argumentadas en el recurso inicial de Nuclenor, que se basaba en parte en que la decisión debía tener carácter técnico y no político, por lo que no tendría sentido que la resolución de cierre parta del Ministerio de Industria, cuando la competencia técnica es del Consejo de Seguridad Nuclear, que emitió informe favorable a la prórroga.

Además del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Consejo de Administración ha ordenado al equipo de dirección de la planta nuclear que mantenga todos los planes y actuaciones previstas y que la central esté en las mejores condiciones para continuar su actividad más allá de la fecha de cierre anunciada.

Con todo ello, Nuclenor trata de contrarrestar la decisión adoptada el pasado 14 de julio por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Esta instancia confirmó la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que autorizaba la explotación de la central nuclear de Garoña hasta el 6 de julio de 2013, fecha en la que ésta echará el candado de forma definitiva. Con aquel fallo se avalaban las tesis del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y se descartaba indemnizar de forma millonaria a las empresas que interpusieron el recurso.

Aquella decisión, en una sentencia de más de 50 folios, concluía que para prorrogar la explotación de una central nuclear no se requiere una evaluación de impacto ambiental. El motivo de ello es que "no se trata de crear una nueva instalación, sino de continuar la actividad de una ya existente, sin perjuicio de que se deban tener en consideración los informes de las autoridades medioambientales", detallaba el fallo. Los magistrados para dar su veredicto final analizaron los diferentes argumentos de los once recurrentes.