Vitoria. Cuando la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAAD) entró en vigor el 1 de enero de 2007, muchas personas respiraron tranquilas. La conocida como Ley de Dependencia nacía como la solución a las plegarias de millones de personas que llevaban años reclamando una solución a una dura realidad. Camino del primer lustro desde su implantación, el Defensor del Pueblo vasco hizo público ayer un Informe Extraordinario de la aplicación de la citada legislación en el País Vasco. Y la valoración general realizada por Íñigo Lamarca sobre el trabajo institucional es "razonablemente positiva", más aún si se tiene en cuenta que Euskadi figura como la quinta comunidad autónoma en el Estado con más celeridad a la hora de resolver los expedientes.

"Pero el sistema es mejorable", advirtió. Por esta razón reclamó que este tiempo de espera para acceder a las ayudas y servicios se reduzca aún más. Y es que según recriminó Lamarca, los organismos competentes se quedaron cortos a la hora de prever el número de solicitudes que se recibiría y que superaron en un 41% las expectativas realizadas. Esta realidad ha obligado a los funcionarios a hacer un doble esfuerzo que se ha visto reflejado en el colapso que se sufrió en los primeros años a la hora de tramitar los informes y que se ha ido reduciendo a medida que han pasado los años.

Así las cosas, mientras que en Álava en 2007 se tardaba una media de algo más de cinco meses en resolver la valoración y la elaboración del Plan Individual de Atención, el año pasado este proceso se había reducido a menos de la mitad. "Para que la prestación sea lo más rápida posible se deberían llevar a cabo las tres fases en un sólo procedimiento administrativo y no como hasta ahora que se hace en dos o tres", apuntó. Esto contribuiría a facilitar una detección precoz de las necesidades que mejoraría la calidad de vida de los afectados. En la actualidad, existen 98.673 vascos que han solicitado el estudio de su situación. De ellos, 94,65% han sido ya valorados y a 77.352 se les ha reconocido su dependencia. Esto señala que en la comunidad autónoma un 3,56% de la población es dependiente y en cuatro de cada diez casos, lo son en gran medida.

Otras salidas Por ello, el Ararteko señaló ayer una serie de deberes que las administraciones forales tienen que apuntar en sus respectivas agendas agendas. En primer lugar, apuntó la necesidad de abogar por promocionar las medidas asistenciales sobre las económicas puesto que se ha visto una clara prevalencia, de casi la mitad de las peticiones, de las ayudas monetarias para cuidados en el entorno familiar. Esta circunstancia hunde la filosofía de la legislación, que busca dejar éstas en un segundo plano para primar el espacio del cuidador.

Precisamente por esto, la Defensoría del Pueblo vasco también recordó al necesidad de ser más ágiles a la hora de encontrar servicios de residencia, asistencia a domicilio o de formar a cuidadores para ofrecer alternativas a las familias, así como de la proliferación de servicios de apoyo para los cuidadores que hagan más liviano el trabajo diario.

Íñigo Lamarca afirmó también que la ausencia de todo este tipo así como la aplicación desigual de la norma en los tres territorios históricos o la falta de coordinación interinstitucional, entre otras, pueden ser las causas de que se haya detectado "un cierto desencanto porque las expectativas se están cumpliendo parcialmente".

Por otro lado, la oficina del Defensor del Pueblo vasco también destacó la necesidad de acabar con el "déficit" detectado en la atención a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o sordoceguera. Entre las recomendaciones incluidas en el informe, se encuentra el refuerzo de las medidas para la atención a la dependencia en el hogar del afectado, como por ejemplo, la adaptación de la vivienda, la teleasistencia o la asistencia domiciliaria.