vitoria. La mayoría de las extranjeras que venden su cuerpo en el Estado no son unas sin papeles, pero sí unas coaccionadas. No pueden denunciar su explotación sexual porque las amenazan con retirarles su pasaporte o cualquier otro tipo de represalia si no se prostituyen. Éstas son las conclusiones a las que llegó ayer la jornada Trata de mujeres con fines de explotación sexual, organizada ayer por la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco en Vitoria. Pese a que un 70% de estas prostitutas tiene permiso de residencia, su realidad es "difícilmente cuantificable" ya que pasa desapercibida.
La promesa falsa de un trabajo mejor suele llevar a estas mujeres a vivir en situaciones de esclavitud y dependencia "absoluta, explotadas sexualmente bajo amenazas, sin salario, sin vacaciones y obligadas a consumir drogas". Sufren una dependencia tan grande y tienen tanto miedo a que las mafias que las controlan hagan daño a sus familias que acaban haciendo lo que les dicen y no denuncian.
