Agotado el oxígeno legal que le brindaba la Ley, la Unión Temporal de Empresas UTE Luko -que integra a las firmas FCC, Dragados y Yarritu- ha recurrido ante el TSJPV la sentencia por el caso del sobrecoste en la ejecución del trazado alavés de la autopista AP-1. Los representantes legales de la UTE ya habían anunciado que darían el paso, lo cual no les obligaba de facto a recurrir pero que les facilitaba 20 días hábiles para pensar en su próximo movimiento. El primer fallo de este caso condenó a la Diputación al pago de 4,2 millones de euros, una resolución en apariencia negativa pero que en la práctica resultó favorable a los intereses forales, ya que ésta era la cantidad que el Ejecutivo foral estaba dispuesta a pagar y había ofrecido previamante -sin éxito- a la UTE para evitar que el asunto llegara a los tribunales. En cuanto al resto de las reclamaciones de las empresas, que sumaban 31,1 millones de indemnización, quedaron desestimadas. Con esta decisión, la Diputación no descuadraría sus cuentas, ya que dispone de los 4,2 millones que le reclama la Ley reservados para este fin.
