Vitoria. Los padres y madres protestan ante el sistema educativo. Disienten de sus planteamientos y se quejan, fundamentalmente de los programas de becas y ayudas, educación infantil, los procesos de admisión y la enseñanza universitaria. A lo largo del año pasado se incrementaron notablemente las reclamaciones interpuestas por estos motivos ante el Gobierno Vasco, la UPV y las administraciones locales, lo que evidencia que la preocupación por la calidad de la formación que reciben niños, adolescentes y universitarios es cada vez mayor.

Los tutores y usuarios del sistema educativo de la CAV no sólo han tramitado quejas sobre aspectos puntuales, sino que, en general, han instado a la Administración a adquirir un compromiso por tratar de asegurar la participación de todos los agentes educativos en la elaboración de una planificación democrática y adecuada a las necesidades educativas reales de la ciudadanía. Ante esta situación, el Ararteko, institución que ha gestionado y dado cuenta de las protestas y que igualmente ha confirmado un aumento "significativo" de las reclamaciones, ha subrayado la importancia de favorecer el trabajo de las comisiones territoriales de seguimiento, encargadas de la revisión anual del mapa escolar.

La tarea de programación resulta especialmente necesaria en el tramo de 0 a 2 años. En zonas rurales, por ejemplo, los padres han tratado de que la Administración educativa no limitara su oferta en la etapa infantil para que los niños no se vieran obligados a desplazarse a municipios vecinos para cursar sus estudios de primaria y han apoyado el modelo conocido como eskola txikiak. "En esta primera etapa debe asegurarse una oferta educativa suficiente de plazas destinadas a menores de dos años que permita la normal continuidad de su proceso de escolarización en los centros educativos elegidos por sus familias", anima el Ararteko.

En cuanto a las quejas por ayudas y becas, las más cuantiosas, suelen estar motivadas por el desacuerdo con la no concesión de lo demandado por incumplimientos de requisitos económicos y académicos. Más que cuestionar la propia desestimación, estas protestas trasladan la disconformidad por el resultado y ponen el énfasis más en criterios de justicia que de legalidad.

Transporte y comedor Las decisiones del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, de denegar en determinados casos el acceso a los servicios complementarios de trasnporte y comedor escolar, ha levantado también numerosas ampollas. Para argumentar su postura, la Administración ha subrayado en varias ocasiones que la zonificación se hace por municipios, concejos o juntas administrativas, con lo que no entra al detalle de los caseríos individuales, que quedan fuera de juego.

El Ararteko ha tratado de mediar en esta cuestión y ha planteado a Educación que la adecuada planificación de los servicios de comedor y transporte deben partir de unos criterios objetivos que aplicados de manera general, eviten tratamientos que puedan ser interpretados como arbitrarios. Al plantear la posibilidad de realizar excepciones para estas viviendas, como ya ocurre en el ámbito sanitario, la Administración "no ha sido receptiva" a la propuesta del Ararteko y pese a entender el buen fin perseguido, insiste en que la aplicación de los criterios generales "es la garantía de la igualdad de los ciudadanos al acceso de esas prestaciones complementarias y que no existan desigualdades ante situaciones idénticas".

En el ámbito universitario, han surgido quejas relacionadas con las condiciones de acceso al uno de los master impartido por la UPV y con los requisitos relacionados con las aulas de experiencia. En el primer caso, no se han programado las pruebas de acreditación del dominio de las competencias y ha resultado imprescindible poseer alguna de las titulaciones previas. No obstante, de cara a próximas ediciones, es previsible que la UPV no tendrá inconveniente en organizar dichas pruebas de manera que todos los titulados tengan las mismas oportunidades de recibir esta formación.

En cuanto a las aulas de experiencia, además de acreditar una determinada edad, la UPV ha reclamado a los alumnos no encontrarse en situación laboral activa. La explicación dada por los responsables a este respecto es que la meta de esta iniciativa es el de cubrir una necesidad social de las personas mayores que no se encuentren trabajando, que dispongan de todo su tiempo libre y que, aportando su experiencia, estén dispuestas a asistir a clase regularmente, seguir un programa de varios años y, teniendo en cuenta su inquietud intelectual, seguir aprendiendo a lo largo de su vida.