J. Fernández
vitoria. Recita con insistencia el lehendakari López que la "obsesión" de su Administración es generar empleo y adelgazar el desbordante filón de parados. Es tal su "prioridad" por reinsertar a los ciudadanos en situación de desempleo que una de sus más recientes iniciativas (marzo), el Plan 4.000 empleos, ya ha tenido efectos reductores en la tasa de ocupación, uno de los michelines que lastran al Gobierno: ha recortado un 10% la posibilidad de que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) puedan acceder a un trabajo.
Y es que, la decisión adoptada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el pasado día 1, ha rebajado el cupo previsto en una orden anterior (noviembre de 2009) de apoyo a la contratación de desempleados y/o beneficiarios de esta prestación que aconsejaba la reserva de treinta de cada cien contratos para estas personas. Ahora, en cambio, Lakua ha bajado el listón a veinte de cada cien. Un hecho que acrecienta el riesgo de que un mayor número de personas se asome al inquietante umbral de la pobreza.
No en vano, los informes elaborados por el equipo de la consejera Zabaleta confirman el aumento imparable en el último año de las unidades familiares que se ven abocadas a acudir a los servicios sociales para solicitar este tipo de ayudas apremiados por la difícil coyuntura económica. En concreto, en el conjunto de la CAV la Renta de Garantía de Ingresos creció el año pasado en 6.531 familias hasta alcanzar la cifra de 55.020, detallaban fuentes del Ejecutivo hace pocas semanas al presentar la Memoria anual del Departamento.
Otra de las novedades incluidas en este nuevo convenio es el achique presupuestario destinado a la creación de puestos de trabajo, pasando de los 63 millones de euros contemplados en el anterior Plan (el de los 7.000 empleos) a los 42 del presente (el de los 4.000). Además, otro de los platos de este particular menú de dieta ideado por los socialistas dispone que el dinero para abonar cualquier sobrecoste en la contratación salga de las arcas municipales cuando antes esa diferencia era abonada por el Gobierno, lo que repercutirá en el capítulo de gastos (endeudamiento) de los ayuntamientos.
Hasta ahora, informaban voces expertas en la materia, "el Gobierno Vasco financiaba, de entrada, con mil quinientos euros cada uno de los contratos. Pero si el secretario o el interventor emitían un informe justificando que el contrato suponía un coste mayor y que no existían recursos en el Ayuntamiento para cubrirlo, el Ejecutivo autonómico se hacía cargo del coste total". Sin embargo, con ese Plan 4.000 empleos, en el caso de que el coste del contrato sea superior Lakua no contemplará esa diferencia, que deberá ser asumida por cada Administración local.
Una medida que, lejos de cerrar la cicatriz abierta con otras instituciones vascas (diputaciones forales y corporaciones municipales) sobre la titularidad en la gestión de estas prestaciones, estimulará los recelos ya que, con esta nueva regulación todos y cada uno de los contratos tendrá un coste para los ayuntamientos trasladando a los consistorios la responsabilidad económica de esta política que tiene, entre sus objetivos, insertar en el mercado laboral a una parte de los miles de patrocinados por la RGI.
Una iniciativa socialista que, al reducir esa cuota de empleabilidad, conduciría sin remisión, tal y como denunciaron recientemente diversos colectivos sociales, al agravamiento de las situaciones de precariedad en que ya sobreviven miles de personas en la CAV, cada vez más. De hecho, la cifra de individuos que necesitan algún tipo de cobertura económica no para de crecer en los tres territorios históricos, tal y como refleja la evolución en 2010 del número de perceptores de RGI mostrada en las gráficas: 5.116 familias más en Bizkaia, otras 751 más en Gipuzkoa y 664 más en Álava.
Y entre todos estos cambios, uno más. El nuevo programa establece que un 35% de las contrataciones debe ser para jóvenes de entre 18 y 30 años. En la propuesta de 2009 no se hacía referencia a tramos de edad preferentes a la hora de acceder a un contrato. Aquel plan, el que planteaba la creación de siete mil puestos de trabajo, presentaba un año después el balance de algo más de cinco mil contratos (5.018) de los que la gran mayoría (4.270) se habían cerrado en los ámbitos municipal y supramunicipal.
