Mientras la fachada del inmueble ubicado en las parcelas diez y doce del sector 8A1 de Lakuabizkarra, entre las calles Estella y Antonio Machado, amenaza con venirse abajo, sus vecinos asisten ya desesperados al lento proceder de la Justicia. Las partes implicadas en este proceso, cuyos primeros pasos datan del año 2006, estaban ayer citadas en el juzgado de primera instancia número 8 de Gasteiz para celebrar una vista previa ya suspendida en dos ocasiones anteriores, la última el pasado 15 de diciembre, y conocer, por fin, la fecha definitiva del juicio llamado a delimitar las culpabilidades.
Por un lado, los residentes de estas viviendas promovidas en régimen de VPO y entregadas allá por 1997. Por otro, la constructora Hermanos Luis -ya extinguida y, según los vecinos, asimilada en la estructura empresarial de la firma Nasipa-, así como los aparejadores y arquitectos del edificio. Tras una sesión que apenas duró diez minutos, el juez encargado del caso fijó el juicio ante los respectivos abogados para los próximos días 4 y 5 de octubre, cuando la previsión inicial era que, a partir de la fecha de ayer, no habría que esperar más de tres semanas para celebrarlo. En la jornada inaugural declararán los peritos y, en la segunda, llegará el turno de los interrogatorios, las comparecencias de los testigos y las conclusiones.
Hasta entonces, les esperan a los vecinos cerca de seis meses más de impasse durante los que, como ha sucedido desde que detectaron y subsanaron las primeras deficiencias, deberán asumir todos los gastos derivados del mantenimiento de una pared que carece de contacto con la estructura interna del edificio y puede desprenderse a la vía pública. En épocas de frío o calor intenso, la fachada -que está apuntalada- se abomba por la dilatación del material debido a los cambios de temperatura y los ladrillos se asoman peligrosamente al vacío. El perímetro del edificio está sellado por seguridad porque así lo obligó en su día el Ayuntamiento y los vecinos se ven obligados a pagar religiosamente por el alquiler de las vallas, cerca de 1.000 euros mensuales. También, por los informes que cada 15 días realiza un arquitecto municipal que visita las viviendas más conflictivas, también a instancias del Consistorio.
El magistrado designará en las próximas semanas un perito judicial que será el encargado de determinar cuáles son las patologías definitivas del bloque. Sus servicios también deberán ser asumidos por los residentes a la espera de que se solvente el juicio, porque ellos solicitaron su participación al juez en este caso. El informe que emita, sumado a las pruebas ya aportadas en la denuncia, se antoja clave para resolver este enmarañado proceso. Otro arquitecto contratado por los vecinos ya emitió en su día un informe demoledor sobre el estado del edificio.
Una vez abandonada la sala de vistas, la indignación era ayer patente entre los numerosos residentes que se presentaron en el Palacio de Justicia. El magistrado, incluso, les advirtió de que la sala donde se celebrará la primera vista del juicio no será lo suficientemente grande como para dar cabida a todos ellos. "La última vez se nos perjuró que el juicio se fijaría en quince días, así que vamos a perder otros seis meses", lamentaba uno de los residentes. "Nos ha sentado como una patada en los... Mal, porque parece que el juez quiere perjudicar a la parte más débil", replicaba otro. Temen que la demora vaya incluso más allá de este medio año porque dan por hecho que la parte demandada recurrirá a todas las instancias judiciales con tal de "ganar tiempo".
Largo camino Pese a que los residentes comenzaron a visualizar las primeras grietas en el bloque en 2002, los verdaderos quebraderos de cabeza no llegaron hasta cuatro años después, cuando la fachada comenzó a inflarse hacia el exterior y los primeros ladrillos cayeron a la calle. Los titulares de las 162 propiedades que, entre pisos y garajes, componen el bloque reclamaron conjuntamente al Gobierno Vasco, pero éste se lavó la manos al haber expirado el plazo de reclamaciones. Lo mismo sucedió con la constructora, por lo que tras encargar un informe pericial a un ingeniero técnico y contratar al ya citado arquitecto decidieron poner el asunto en manos de la Justicia.
En la vista previa de diciembre, el abogado de los residentes advirtió de que desde la demanda original hasta el momento el montante de los trabajos que los vecinos se han visto obligados a asumir, tanto por los requerimientos municipales como por las necesidades del inmueble, no ha parado de crecer. De los 251.118 euros que se reclamaban en un principio se ha pasado ya a cerca de 900.000 "más otras cantidades aún por determinar".
