Vitoria. La lucha contra el fraude fiscal en Álava ha conseguido recuperar 228,5 millones de euros desde 2007 hasta 2010. Se trata de un rescate que año a año va en aumento, puesto que la cifra de 2010 ascendió a más de 80 millones de euros, una cuantía que supone 32 millones más que el año anterior, que equivale al doble de los recuperado en 2006, según los últimos datos aportados por la Hacienda alavesa. "La campaña es permanente, con más de 300 medidas para combatir el fraude. Además, existe una total colaboración entre las otras dos haciendas vascas para trasladar información de los sometidos a una inspección fiscal", puntualizó ayer el diputado foral de Hacienda, José Luis Cimiano.

La eficacia y el plan de transformación al que está sometido el Servicio de Inspección ha permitido que en cuatro años se haya podido duplicar los registros de los que incumplen a la hora de declarar su patrimonio económico. Entre estos ejes estratégicos implementados en la lucha contra el fraude destaca la creación de un censo único de contribuyentes, donde figura toda la información tributaria que tiene la Diputación de cada ciudadano, una información que completa con entes externos como el Registro Mercantil o la Seguridad Social. La disponibilidad de herramientas para la gestión, como el programa de auditoría Senda o el futuro expediente electrónico en el que actualmente se trabaja para que los contribuyentes puedan acceder a todos sus datos, son otras de las medidas que ayudarán a la mejora.

Del análisis pormerizado del fraude del año pasado se extrae que de los más de 80 millones de euros aflorados, es en los impuestos directos donde más se intentó ejercer la picaresca con un total de 54,7 millones recaudados bajo este concepto (5,3 millones del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, 14 del de Sociedades y 34,5 del de la Renta sobre los no residentes).

A ellos les siguieron los que intentaron realizar un desfalco en los impuestos indirectos. En concreto, al intentar escaparse del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como demuestran los 26 millones de euros que se recobraron por esta causa. Pese a que la cantidad de este impuesto no declarado fue "pequeño", a juicio del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, "las grandes bolsas de fraude se nutren al comienzo de la cadena de pequeños engaños, a menudo cometidos por la ciudadanía por estar socialmente aceptados, como, por ejemplo, el pago sin factura".

Una "mentira piadosa" que constituye el primer paso para la aparición de tramas de fraude organizado. Entre ellas, las basadas en las reglas de localización de las entregas intracomunitarias que implican la exención del IVA aplicable a la entrega del país de origen y la sujeción de la adquisición en el país de destino. Es el denominado fraude carrusel, donde la mercancía ni siquiera existe, al sustituirse básicamente por la circulación de facturas. Sectores como el de bebidas alcohólicas -sujetas a impuestos especiales-, automóviles de ocasión -en el que el incumplimiento aparece frecuentemente combinado con el régimen especial de bienes usados del IVA-, metales preciosos, informática y telefonía móvil suelen ser los más afectados por ello.

Las tipologías más habituales de engaño en operaciones inmuebles se dan en la ocultación de la titularidad de los bienes, en la declaración de las transmisiones por valores inferiores a los reales o la no revelación de los arrendamientos de las viviendas.

En el ámbito de las empresas, las operaciones de ocultación patrimonial se realizan muchas veces mediante la utilización de sociedades de un grupo empresarial, que carecen de elementos patrimoniales propios, para acumular la deuda, mientras los bienes se mantienen en sociedades sin deuda. Lo que hace que el procedimiento de apremio sea ineficaz ya que la sociedad carece de bienes que se puedan embargar.