madrid. Organizaciones ecologistas y sindicales tacharon de "insuficientes" las medidas de ahorro energéticas del Gobierno y propusieron una batería de iniciativas para reducir el consumo de energía en, al menos, un 20% en el 2020 con respecto a 2005.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y Comisiones Obreras explicaron el contenido de sendas propuestas de ley sobre ahorro y uso eficiente de energía, fiscalidad ambiental y movilidad sostenible, elaborados por estas organizaciones. Los tres textos fueron presentados entre 2007 y 2009 por el grupo parlamentario IU-ICV en el Congreso, pero únicamente el de movilidad sostenible fue admitida a trámite.
Según Comisiones Obreras y las asociaciones ecologistas, ahora es el mejor momento para cambiar de modelo energético, en lugar de optar por medidas transitorias y "carentes de ambición" que no solventan el problema de la dependencia energética y que incluso son "contradictorias" con el fin perseguido.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo, subrayó el escaso papel que el Gobierno atribuye al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).
Sobre la necesidad de "tocar" la fiscalidad, la representante de Greenpeace, Sara Pizzinato, denunció que hoy algunos beneficios fiscales incluso promueven el derroche energético y razonó que sí es posible llegar a una reforma fiscal "neutra". En este capítulo se propone la creación de tasas al hidrocarburo en el sector de la aviación; aplicar igual tratamiento fiscal al gasóleo que a la gasolina; modular el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en función de la eficiencia energética y crear un nuevo impuesto sobre la energía nuclear y sus residuos.
También se apuesta por definir un impuesto sobre la "pernocta", que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, y modificar el impuesto de matriculación y circulación en función de las emisiones de CO2.
En cuanto a la propuesta de Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, Mar Asunción (WWF) subrayó que la iniciativa pretende establecer un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de la energía a nivel nacional de, al menos, un 20% en 2020 con respecto a 2005.
Para su consecución citó las auditorías energéticas, sobre todo en las Pymes y en el parque residencial; la obligatoriedad de un alumbrado público eficiente, que los precios reflejen el coste real de la energía y la sustitución de tecnologías obsoletas, entre otros.
La propuesta de movilidad sostenible defiende que el Ministerio de Fomento no destine más de un 50% de su presupuesto a infraestructuras y que el resto lo dedique a la gestión de la movilidad, así como a fomentar el transporte público.
