vitoria. El Gobierno Vasco aprobó ayer requerir a la Junta de Castilla y León para que haga controles y sancione a quienes produzcan, comercialicen o publiciten vino en aquella comunidad autónoma bajo la "fraudulenta denominación de chacolí" y advirtió de que si no atiende esta reclamación llegará a la vía judicial. Así lo ha anunciado ayer la consejera de Agricultura, Pilar Unzalu, en la comparecencia posterior a la reunión del Gobierno autonómico en la que se dio luz verde al citado requerimiento prejudicial.
Éste es el segundo aviso que el Ejecutivo autonómico envía de manera oficial al de Castilla y León. El primero fue aparcado por el Departamento vasco porque la Junta de Castilla y León aseguró que iniciaría las inspecciones tras recibirlo. No obstante, unos días más tarde, tal y como recordó Unzalu, "el portavoz de la Junta afirmó que ni siquiera habían abierto una carpeta para tratar este asunto".
Esta actitud deja entrever, a su juicio, "una clara falta de voluntad para controlar el fraude". Por ello, el Gobierno Vasco retoma ahora la vía del requerimiento para que la Junta de Castilla y León haga las actuaciones de control "exigibles" y ponga en marcha los procedimientos sancionadores que correspondan. Además, Lakua ha instado a la Junta a que le informe de las acciones llevadas a cabo, de las que se hagan a partir de ahora y del resultado de los expedientes sancionadores que se puedan incoar.
La consejera consideró que el Gobierno Vasco tiene razón porque está amparado por el derecho nacional y comunitario y advirtió de que las instituciones vascas van a ir "hasta el final en la defensa de los productores vascos de txakoli, que son los que han trabajado el buen nombre de este producto".
En este sentido, Unzalu indicó que si percibe una "actitud activa" de la Junta de Castilla y León a favor de que el vino blanco de Burgos lleve la denominación de chacolí, el Gobierno de Vitoria entrará "inmediatamente" en el procedimiento jurídico y, "si es necesario", llegará a los tribunales. La consejera insistió en que el control y las inspecciones son una "obligación legal" de la Junta castellana.
