Vitoria/Madrid. Una indefinición calculada se ha instalado en el discurso del Gobierno central cada vez que se le cuestiona por la presunta ruptura en su decisión de cerrar la central nuclear de Garoña en 2013. Los intereses políticos y los de los lobbies relacionados con la industria eléctrica y la insuficiencia aritmética de los socialistas en las Cortes -único soporte fijo del Ejecutivo Zapatero en su labor legislativa- han provocado un curioso giro de acontecimientos. Lo que antaño era un sí seguro al cierre del centro atómico que linda con la frontera alavesa, ahora es una decisión revocable que dependerá de los apoyos -y quien los dé- que necesite el PSOE para sacar adelante sus políticas y sus reformas. Fiel reflejo de este nuevo marco es la situación vivida ayer en el Congreso de los Diputados. Interpelado directamente por la clausura del recinto de Santa María de Garoña tras la derogación del límite legal de 40 años como vida útil de las centrales nucleares, el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, contestó que "se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias" porque la "economía no permanece quieta".

Así lo aseguró durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a Rajoy quien le replicó que el Ejecutivo "no tiene arreglo posible" tras sus continuos "vaivenes" en política financiera, energética y social.

Pese a tales circunstancias, otros integrantes del Gobierno español, como Rosa Aguilar, responsable de la cartera de Medio Ambiente, creen que la decisión sobre Garoña ya está tomada y precisó que la enmienda de CiU y PNV a la Ley de Economía Sostenible aprobada el martes en el Congreso de los Diputados y que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años "no lleva ningún tipo de cambio de posición por parte del Gobierno". La aclaración trataba de zanjar la dispar interpretación formulada por ambas formaciones -los jeltzales aseguraban que la enmienda dejaba fuera a Garoña, que cerraría sus puertas en 2013, mientras que los catalanes creían que la central burgalesa también podría mantener su actividad-.

Aguilar dio sus explicaciones tras la reunión mantenida ayer en Valladolid con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y otros integrantes de aquel Ejecutivo. "La decisión sobre Garoña es una decisión del Consejo de Ministros, punto y final", aseguró la ministra, quien recordó que el futuro de la central burgalesa ya se conoce.

Comisión mixta En ese contexto, el diputado del PNV Emilio Olabarria exigió ayer la "urgente" creación de una comisión mixta en el Congreso para analizar las repercusiones para el empleo en Álava del cierre de la central nuclear de Garoña, previsto para 2013. En pleno debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales en España, Olabarria interpeló al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sobre las medidas a adoptar para evitar el negativo impacto económico que supondrá para la provincia de Álava el cierre del citado reactor.

Chaves le contestó que, aunque el 85% de los empleos que genera Garoña están en la provincia de Burgos, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en que "el cierre de la central suponga una oportunidad para los municipios afectados, pertenezcan a la provincia que pertenezcan". El vicepresidente subrayó que las ayudas para la reindustrialización de la zona afectada por el cierre de Garoña ascienden a 100 millones de euros, pero matizó también que "no se tratará de la misma manera a los que están en el primer círculo más próximo a la central, que en el segundo".

La planta de Santa María de Garoña (Burgos), propiedad de Nuclenor (sociedad participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola) es la más antigua de las ocho actualmente operativas en España.