vitoria/Madrid. El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013 vuelve a estar en el alero. Pese al compromiso firme del Gobierno central al respecto, los vaivenes de la política y la necesidad de los socialistas de buscar y encontrar apoyos para desatascar buena parte de sus iniciativas legislativas pueden llevar a la redimensión del final del recinto atómico ubicado en el burgalés Valle de Tobalina, a escasos metros de la frontera entre aquella provincia castellana y Álava. El último episodio en este sainete en el que se ha convertido la presunta cuenta atrás para la desaparición del complejo nuclear -conocido como el de las 1.000 grietas- llegó ayer en las Cortes. Allí, PNV y CIU, soportes del Ejecutivo de Zapatero en ciertas materias, ni siquiera fueron capaces de interpretar de idéntico modo una moción votada por ambas formaciones para la prórroga de la vida útil de este tipo de reactores. Así, para los jeltzales, Garoña no continuará. Para los catalanes, sin embargo, la llegada del PP al Gobierno en las próximas elecciones podría provocar la activación de la central.
Todo devino de una enmienda pactada en el Cámara Alta al Proyecto de Ley de Economía Sostenible sobre centrales nucleares. Estas diferencias, expresadas en el Congreso por sus respectivos portavoces, no fueron aclaradas por el socialista José Antonio Alonso, quien advirtió que de la enmienda no es posible extraer conclusiones sobre la vida de las centrales nucleares. "La enmienda dice lo que dice" o "no se puede interpretar ni una cosa ni la contraria", explicó el portavoz socialista.
Sin embargo, el representante de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que desaparece el límite de 40 años de vida que el PSOE quería fijar, aunque la prolongación dependerá de lo que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en función de la seguridad, la demanda de energía o los costes de emisión eléctrica, entre otras cuestiones. Según Duran, el acuerdo no excluye a Garoña (una de las primeras centrales nucleares que se construyeron en España y que comenzó a operar en 1971), por lo que, a su juicio, podría seguir funcionando si el Gobierno así lo decide. Por el contrario, Josu Erkoreka, portavoz del PNV, aseguró que Garoña está "expresamente excluida" en el acuerdo, de lo que se podría deducir que su cierre, fijado para 2013, sigue adelante.
Ambas formaciones también discreparon al evaluar si esta enmienda supone o no un giro de 180 grados en la política energética del Gobierno. Sin embargo, Alonso indicó no tener constancia de que el Ejecutivo haya cambiado de opinión sobre la energía nuclear.
