Vitoria. El último fallecimiento de un recluso de la cárcel de Nanclares de la Oca, un varón baracaldés de 30 años, podría llegar hasta los tribunales. La familia del joven, de la mano del colectivo de apoyo a presos, Salhaketa, anunció ayer que estudia la posibilidad de interponer próximamente acciones judiciales y, de esta manera, aclarar las circunstancias de esta muerte, "exigir responsabilidades y tratar de evitar que en un futuro se produzcan hechos similares". El reo falleció en el Hospital Txagorritxu el pasado 31 de diciembre, ocho días después de ser trasladado allí desde el penal debido a su crítico estado de salud. La familia, "convencida" de que si se hubiera actuado antes el joven aún estaría con vida, desmintió ayer también algunas de las informaciones vertidas por Instituciones Penitenciarias a propósito de este caso.
Cabe recordar que el mismo día en que Salhaketa dio cuenta del fallecimiento, el pasado lunes 17, el organismo dirigido por Mercedes Gallizo rechazó que no fuera atendida la petición de atención médica realizada por el preso. Según había denunciado Salhaketa, el recluso llevaba cuatro días solicitando en vano su salida al hospital y cuando ingresó en Txagorritxu lo hizo ya en estado muy grave, lo que pudo incidir en su pronta muerte. Instituciones Penitenciarias, en este sentido, matizó que el varón llegó al penal en abril con diversas patologías, que en diciembre se quejó de dolor de espalda y que cuando el médico del hospital solicitó una visita al especialista, concedida para el 21 de diciembre, se le trasladó a Txagorritxu. Allí le realizaron varias pruebas y detectaron que presentaba una enfermedad "muy grave además de las que ya tenía", por lo que quedó ingresado y ya no regresó a la cárcel. "En ese momento se iniciaron los trámites y le fue concedido el tercer grado y la libertad condicional anticipada por enfermedad grave e incurable", aseguró Instituciones Penitenciarias.
Los familiares, que ayer aportaron la notificación oficial de la dirección de la cárcel en la que consta que el preso entró en Nanclares el 8 de agosto -no en abril- y causó baja el 31 de diciembre "por motivo de su fallecimiento", argumentaron que visitaron al joven a comienzos de diciembre y se encontraba "en buen estado de salud", desmintiendo la versión oficial. Además, desvelaron que el 13 de diciembre le dejaron dinero para recogerlo dos días después en la oficina de pecunio del penal, pero no lo hizo, lo que les hace pensar que "para ese día tenía que encontrarse muy mal". Por otra parte, censuraron que no se les informó del traslado a Txagorritxu hasta el 23 de diciembre, dos días después del ingreso, y que el anuncio no fue por fuentes oficiales o del hospital "sino por una persona voluntaria que dijo dedicarse a visitar a los hospitalizados sin familia".
Otro dato aportado por la familia que contradice la versión oficial se refiere a que el preso tuvo custodia policial tanto en UCI como en la Unidad de Custodia Especial para presos de Txagorritxu "en todo momento", circunstancia que no se sostiene porque "si hubiera sido excarcelado no habría permanecido allí ni habría estado con dicha custodia".
Salhaketa, que considera este caso un ejemplo más "de cuál es la voluntad de la dirección de la cárcel", exigió a las autoridades competentes que investiguen la muerte y expliquen "por qué se miente ante hechos tan graves que atentan contra el derecho a la salud y a la vida de ciudadanos" presos. "¿Qué trata de ocultar mintiendo descaradamente a los medios?", se pregunta el colectivo.
