El papel lo aguanta todo, y si como epígrafe sobre ese todo se escribe "Anteproyecto", ni te cuento la de fantasías animadas que se pueden poner en fila india para entretenimiento del respetable y sin que el autor se comprometa ni media migaja. Analicemos la palabreja, que tiene mucho de sinónimo de timo, trapacería o, más llanamente, estafa. Ya sólo "Proyecto" nos indicaría que estamos hablando de algo que todavía no es y que nadie nos garantiza que vaya a ser. Si a tal inconsistencia le atizamos el prefijo "Ante", la cura en salud y la superficie de morramen que se le echa ya es definitiva y definitoria: estamos trajinando con la promesa de una promesa, es decir, con puñetero humo. No sólo en la bolsa se especula con futuros; también en la política, mayormente en su faceta legislativa y/o pseudoejecutiva. Cuando un Gobierno no tiene nada contante y sonante que ofrecer, se saca de la chistera un anteproyecto con la misma validez que un Cortycole caducado.

Lo acaba de hacer el departamento de los actuales regentes de Lakua que encabeza Iñaki Arriola, que el viernes anunció a bombo y platillo el Anteproyecto de la Ley vasca de Vivienda, así, con todas las mayúscula iniciales dispuestas para provocar un mayor efecto. Si tuviéramos una memoria menos volátil, recordaríamos que los anteriores mandamases anduvieron años mareando esa perdiz con idéntico nombre y parecidas ensoñaciones, y que la dejaron tirada en la moqueta cuando les llegó la amarga hora de bajarse del coche oficial. Necesitados de titulares de franela, los herederos sólo han tenido que despabilarla un poco, darle una mano de pintura en el plumaje y presentarla como si fuera de reciente incubación. Lo sorprendente es que el ardid ha colado, y los periódicos de ayer, incluso los de allende Pancorbo, derrocharon tintas sin miramientos sobre el revolucionario contenido del boceto legislativo que jamás llegará a estamparse como cuadro en el Boletín Oficial del País Vasco.

Cánones para los pisos vacíos, expropiaciones de la VPO a quienes tengan un par de años de vacas gordas salariales y, como guinda, la posibilidad de irse al juzgado a reclamar el habitáculo a que tenemos derecho según la parte ornamental de la sagrada Constitución española. Hasta un alumno de primer día de Derecho sabe que no hay forma jurídica de atar por el rabo ninguna de esas quiméricas moscas. Lo saben también -o deberían- los que las han echado a volar. Claro que todos y cada uno de ellos tienen un buen techo asegurado.