vitoria. Los pitidos, bocinazos y gritos contra Gestnorte XXI volvieron ayer a la plaza de la Virgen Blanca. Decenas de afectados por la presunta estafa de esta promotora se movilizaron en el centro de Vitoria, al igual que el pasado mes de noviembre, para exigir a la Justicia que "haga su trabajo" e investigue más el caso. Los cooperativistas quieren recurrir el archivo de la acusación de fraude contra los responsables de la creación de estas plataformas para la construcción de VPO.
"Nosotros trabajando, ellos robando", "manos arriba, esto es un atraco" y "Gestnorte, devuélvenos nuestro dinero" fueron algunas de las consignas que entonaron unas 200 personas congregadas en el corazón de Gasteiz. El colectivo repitió, de esta forma, la escena del pasado 27 de noviembre, a pesar de que desde entonces ha habido novedades: el Juzgado de Primera Instancia número tres de Vitoria desestimó una denuncia de la gestora, la mencionada Gestnorte, contra los cooperativas por impago, puesto que consideró probado que la firma cometió autocontratación.
Los afectados repartieron ayer comunicado en los que explican su versión del proceso. La polémica afecta a las cooperativas de Gardiluya, Arkayate, Bustablado, Kakiturri y Arrieta. Se trata de iniciativas creadas para obtener una VPO en Vitoria, a las que algunos de los movilizados accedió desembolsando dinero en B pero sin recibir recibo y firmando contratos sin contar con una copia. Así arrancaron unos trámites en los que, según criticaron, recibieron información "escasa" e "individualizada". Después comprobaron que tras las diversas empresas involucradas en estos proyectos, como la contratante -Gestnorte-, la dirección técnica -Estbar- y la construcción -Bernedo- estaban las mismas personas. Los cooperativistas apuntan a los hermanos Estívariz Iñarritu.
Unos 300 jóvenes iniciaron así un proceso legal por presunta estafa contra Gestnorte XXI, que a su vez acusó a los cooperativistas de no pagar unos honorarios. El primer caso, la denuncia penal, quedó archivado. El segundo, mientras, también fue desestimado. Esta aparente contradicción entre la vía penal y la civil es la que ha causado "desesperación" e "indignación" entre los cooperativistas. Tanto una parte como otra se acusan ahora de presionar a los afectados. Unos para movilizarse, otros para no hacerlo.
Sea como fuere, decenas de personas volvieron a salir ayer a la calle para recoger mismas, explicar el caso y pedir Justicia. Esperan que, en próximas fechas, se aclare si se podrá reabrir la vía del presunto fraude. "Sólo queremos que se investiguen las pruebas, que los tribunales hagan su trabajo", explicó una de las afectadas.
