Vitoria. Tras casi tres largos años de conflicto, la luz asoma al final del túnel. Huelgas, manifestaciones, cruces de acusaciones y protestas de todo tipo han formado durante todo este tiempo parte del día a día de la residencia Ariznabarra, un centro en el ojo del huracán que finalmente ha alcanzado la paz social. Ayer, los portavoces del sindicato ELA anunciaron el cese de las movilizaciones puesto que, como precisaron, los representantes del comité de empresa y la dirección del centro han alcanzado un acuerdo. Hoy se dará a conocer el contenido pormenorizado de lo pactado, un documento que pone el punto final a los paros, a dos expedientes forales por incumplimiento de contrato a la firma explotadora de la residencia y a decenas de reclamaciones de usuarios y familiares. Los rumores que hace tan sólo dos semanas apuntaban a la resolución del enfrentamiento y que en un principio fueron desmentidos por los sindicatos, cobran finalmente sentido.

Las buenas perspectivas se adivinaban en el horizonte a finales del año pasado, cuando se hizo público que la actual empresa gestora del centro había iniciado una ronda negociadora con la firma Lagunduz, una compañía con experiencia en el sector y de fuera de Vitoria interesada en el traspaso de las funciones del centro, extremo que fue confirmado por la propia diputada de Política Social, Covadonga Solaguren. En aquel entonces se habló de un posible preacuerdo o acuerdo entre esta empresa y las trabajadoras, un escenario que no desagradaba a Mapfre-Quavitae. Aunque la Diputación dejó claro que no participaría en el cierre de acuerdos, puntualizó que mantendría el camino abierto. Por aquel entonces, los trabajadores de la residencia Ariznabarra acumulaban ya más de dos años de paro y de las 140 plazas con las que cuenta el centro, sólo el 70% estaban ocupadas, ya que la Diputación decidió no enviar más usuarios a la residencia hasta que se solucionase el conflicto laboral.

Las negociaciones, no obstante, naufragaron y la situación pareció estancarse en 2010. En septiembre, 31 meses después del inicio de la huelga, no había visos de solución. Las trabajadoras retomaron sus protestas frente a la Diputación con una concurrida concentración, en la que volvieron a criticar la "incompetencia" e "irresponsabilidad" del ejecutivo foral. Durante las protestas se corearon las habituales consignas frente al departamento de Servicios Sociales. Las empleadas insistieron en que la solución al conflicto estaba en la mano del ente foral. En octubre, las trabajadoras instalaron una carpa en la plaza de la Provincia, frente a la Diputación. La plantilla repartió información sobre la crítica situación que atraviesa el geriátrico y exigió que el ente foral recuperase la gestión directa del geriátrico. Reclamaban que se habilitaran todas las plazas residenciales y de centro de día del geriátrico, habida cuenta de la enorme lista de espera existente y recordaban que en 2008 las Juntas Generales aprobaron una moción en la que instaban al gabinete Agirre a iniciar negociaciones con Quavitae para recuperar esa gestión directa "si en el plazo de un año no se conseguían relaciones laborales y sociales de normalidad".