El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por 643 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones una nueva norma que endurece las penas para los delitos de tráfico de seres humanos, de las que son víctimas varios cientos de miles de personas al año en Europa, y garantiza que se juzgue a los responsables incluso cuando cometan los delitos en el extranjero. La normativa, pactada con los Veintisiete, se aplicará a la trata en la industria del sexo y la explotación laboral en sectores como la construcción, la agricultura o el servicio doméstico. Los Estados miembros tendrán dos años para transponer la nueva legislación.
