MADRID. Los recursos se interpusieron el pasado jueves por parte del sindicato USCA contra el Real Decreto aprobado el 3 de diciembre que establecía la militarización del espacio aéreo ordenada por el Ministerio de Presidencia y el dictado el 4 de diciembre que decretaba el estado de alarma con motivo del caos aéreo que se produjo en los aeropuertos españoles.
Los controladores citados hoy han mantenido la misma postura que sus compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar, al estimar que la jurisdicción ordinaria no les puede interrogar.
Por ahora, la Fiscalía de Madrid no ha señalado más citaciones, por lo que es previsible que en los próximos días remitan la denuncia a los juzgados de Plaza de Castilla para que sea un juez el que les tome declaración por un delito de sedición.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, defendió la semana pasada que la jurisdicción competente es la civil, puesto que los hechos investigados se produjeron en las horas previas a que el Gobierno declarar el Estado de alarma. De hecho, la policía centra la investigación en cómo se coordinaron los controladores para defender sus bajas masivas con motivo de una situación de estrés.
