BILBAO. El fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, ha opinado hoy que los controladores vascos, "si es que alguno o algunos han podido participar en el presunto delito" de sedición del que se les acusa, "tendrían consideración de meros partícipes, no de instigadores".
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer en Zaragoza que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que el pasado fin de semana abandonaron su puesto de trabajo y paralizaron el tráfico aéreo de España por un presunto delito de sedición.
Calparsoro ha incidido en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por EFE, en que "el plante no fue algo espontáneo, fue algo coordinado", y ha dicho que "los responsables y los líderes del sindicato de controladores" están "en los lugares donde tienen los puestos trabajo de más volumen", como Madrid, Barcelona, Valencia o las islas.
Ha recordado que "las penas son distintas" en cada caso y que, en el caso de los meros partícipes, contemplan hasta tres años de prisión según la ley de navegación aérea de 1964 y la jurisdicción militar, y multa según el Código Penal.
El fiscal jefe del País Vasco ha confirmado que, entre las más de 20 diligencias abiertas en las diversas fiscalías de las comunidades autónomas anunciadas ayer por Conde-Pumpido, se encuentran las iniciadas por las de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.
En la reunión de la Junta de Fiscales celebrada ayer en Zaragoza, se acordó "impulsar y agotar la investigación" para determinar la participación de los controladores en la protesta del pasado fin de semana, y en ese caso tomarles declaración en las fiscalías y luego impulsar procedimientos judiciales.
