Vitoria. La firma de un convenio sociosanitario que compense a Álava por los servicios de salud que la Diputación presta en los geriátricos de la provincia salió ayer de nuevo a la palestra. Y por partida doble, poniendo de relieve las diferencias que separan en torno a este asunto al ente foral con los socialistas alaveses. El secretario general del PSE-EE, Txarli Prieto, aseguró que el Departamento vasco de Sanidad estaría dispuesto a aportar 4,8 millones de euros, correspondientes a los años 2010 y 2011, para dar contenido a este convenio, una cifra "adecuada" para los actuales tiempos de crisis que, a todas luces, resulta insuficiente para el Gabinete de Xabier Agirre. Prieto, además, exigió al Gobierno foral que presente un proyecto de convenio para "cubrir este vacío", una iniciativa que finalmente ha debido tomar su grupo ante la "incapacidad" de los primeros, y acabar de esta forma con 15 años de desencuentros entre la Diputación y el Ejecutivo autonómico.

Cuestionado poco después por las palabras de Prieto, el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, reiteró que la institución que representa seguirá reclamando a Lakua un total de nueve millones de euros por los gastos acumulados desde el año 2007. No es la primera vez que la Diputación se muestra tajante a este respecto y pone encima de la mesa las mismas cifras. Hace poco más de un mes, la diputada de Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, remitió una carta al consejero Rafael Bengoa en la que mostraba su "sorpresa" por la última propuesta de convenio planteada desde el Ejecutivo vasco, cifrada en sólo 1,2 millones de euros, que no se correspondía "con el mensaje del Gobierno de equiparar al territorio alavés con Bizkaia y Gipuzkoa".

Solaguren solicitó a Bengoa la misma implicación con Álava y la compensación del gasto sanitario realizado por la Diputación en la financiación de las plazas en residencias de personas mayores, de personas con discapacidad, pisos tutelados, centros de día y diversos recursos de atención a la ciudadanía alavesa. Una cifra, tal y como recordó ayer Rodríguez, que supera los nueve millones, teniendo en cuenta las plazas residenciales, la recomendación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en relación a la financiación de recursos convenidos con el movimiento asociativo y otra serie de conceptos, en la misma proporción que viene haciendo el Ejecutivo con Bizkaia y Gipuzkoa.

Rodríguez, quien destacó que por el momento hablar de cifras "es precipitado", aunque a renglón seguido volvió a poner de relieve la necesaria retroactividad del acuerdo, subrayó que éste debe "satisfacer" a las dos partes implicadas. "Hay que circunscribirse a las negociaciones y llegar a un acuerdo, que no dudamos que se va a dar", añadió el teniente de diputado general.

En otro orden de cosas, Rodríguez avanzó que el Gobierno foral ha iniciado ya los contactos con los distintos grupos junteros en relación a la inminente tramitación presupuestaria. La Diputación, según aseguró ha presentado ya las "macrocifras" de unos presupuestos "austeros, donde primará la contención del déficit y de la deuda".